En base a esto, el Ministerio de Salud presentó un documento en el que señala que las declaraciones públicas de Reyes podrían ser consideradas como un prejuzgamiento sobre asuntos que aún están en proceso de resolución.
Continúa el tira y afloja judicial entre el Ministerio de Salud y la Corte Constitucional en torno a la Unidad de Pago por Capitación y los presupuestos máximos. En esta ocasión, con el objetivo de que se apartara de la discusión, el ministerio presentó una recusación contra el magistrado José Fernando Reyes, quien ha liderado esas ponencias.
Reyes forma parte de la sala encargada de dar seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, y ha tomado varias decisiones clave, como la orden para ajustar el cálculo de la UPC. Además, abrió un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
El argumento principal del Ministerio de Salud se basa en una entrevista que el magistrado Reyes ofreció al canal RCN, en la que compartió su experiencia personal al tener que recurrir a varias tutelas para acceder a un tratamiento, y afirmó que la situación del sistema de salud es realmente grave.
En esa declaración, Reyes también destacó que el volumen de las demandas relacionadas con reclamos en salud era “exorbitante”, lo que, según él, se reflejaba en la considerable dedicación de la justicia para revisarlas.
El Ministerio de Salud fundamenta su solicitud de recusación en varias declaraciones del magistrado Reyes, quien, al compartir su experiencia personal, aseguró que el sistema de salud no está funcionando como debería y que muchos colombianos, como él, deben recurrir a tutelas para obtener tratamientos. Frases como “Las tutelas en salud siempre van al alza” y “Cuando los sistemas se tornan deficitarios, pues obviamente crecen” fueron citadas en el documento del ministerio.
En este sentido, el ministerio argumenta que tales declaraciones podrían ser interpretadas como prejuzgamiento sobre temas que están siendo evaluados judicialmente, lo que afectaría la imparcialidad del magistrado en su rol en la Corte Constitucional. Además, señala que, al amplificarse estas declaraciones en redes sociales, se genera un impacto mediático que podría crear pánico y alarma en los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Ministerio insiste en que, aunque el magistrado Reyes, como ciudadano y usuario del sistema, tiene derecho a expresar sus opiniones, al estar en un cargo judicial debe mantener una postura imparcial al tratar temas que le competen en la Corte, y sus declaraciones públicas podrían poner en riesgo esa imparcialidad.
Esta solicitud se suma a la petición que el Ministerio de Salud presentó la semana pasada, en la que instaba a la Corte Constitucional a anular el Auto 007 de 2025. En ese auto, la Corte alertaba sobre un incumplimiento general en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación y ordenaba la creación de mesas de trabajo para su reajuste.