‘Plata o plomo’, el grupo de WhatsApp donde se reportaban los movimientos del senador y precandidato presidencial.
Durante la audiencia en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Daniel Barragán Ovalle —uno de los involucrados en el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay—, el juez 29 de conocimiento de Bogotá destacó la existencia de una estrategia dirigida a eliminar evidencias y entorpecer el desarrollo de la investigación relacionada con este acto de magnicidio.
Con base en los argumentos presentados por la representante de la Fiscalía General, el juez señaló que, a pesar de lo expuesto por su defensa, el procesado eliminó la información del celular que entregó a los investigadores al presentarse en el búnker.
Principalmente, de un grupo en dicha aplicación de mensajería instantánea denominado ‘Plata o Plomo’, integrado por tres personas que desempeñaron un papel clave en la logística, recopilando información sobre los desplazamientos del congresista del Centro Democrático.
Aunque la defensa de Barragán Ovalle sostuvo que la “obtención de información” utilizada para imputarle cargos fue “ilícita”, argumentando que su cliente entregó voluntariamente el dispositivo tecnológico, el juez concluyó que la Fiscalía procedió conforme a la ley.
“Los investigadores cuentan con herramientas tecnológicas que les permitieron recuperar una cantidad considerable de mensajes, se habla de entre 1.500 y 1.800 chats. Por tanto, respecto a la información extraída del celular, debo señalar a la defensa que esta segunda instancia considera válido ese elemento probatorio, sobre el cual se basó la primera instancia para imponer la medida de aseguramiento”, explicó el juez.
Asimismo, el juez advirtió que hubo un plan deliberado para desviar la atención de las autoridades, entregando un teléfono del cual había sido eliminada información sensible y fundamental para el caso.
“La información fue eliminada de la aplicación WhatsApp del celular. Además, en cuanto al riesgo que representa para la sociedad (…) también se expusieron y demostraron la gravedad y la forma en que se cometieron los hechos. No se puede ignorar que se trata del homicidio de un senador, un hecho que generó conmoción a nivel nacional y que aún sigue teniendo un fuerte impacto”, añadió el juez de conocimiento.
En dicho grupo también se discutió la ruta de escape que tomarían los implicados tras ejecutar el atentado en el Parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
“Lo más revelador son las conversaciones extraídas de WhatsApp, donde queda en evidencia, a través de múltiples mensajes, la intención clara de eludir a la justicia (…) El propósito de desaparecer, como se expresa en ese lenguaje”, señaló el juez al referirse a las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Barragán Ovalle enfrenta un proceso judicial por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y utilización de menores para la comisión de actos delictivos.
Según la imputación de la Fiscalía General, él fue quien se encargó de contactar a los menores que llevarían a cabo el atentado contra la vida del precandidato presidencial.
Además, tenía conocimiento claro y preciso sobre la adquisición del arma tipo Glock 9 mm, el traslado de los miembros de la banda liderada por el alias «el Costeño» y la ruta de escape del sicario y sus acompañantes.