El ministerio alerta que la medida beneficiaría a las EPS con más de 60 billones de pesos en los próximos cinco años, mientras debilitaría a los hospitales públicos, la atención primaria y los derechos tanto de los pacientes como de los trabajadores.
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió una contundente advertencia respecto a la ponencia alternativa de la reforma a la salud que actualmente se debate en el Congreso. Según la entidad, si esta propuesta llega a aprobarse, se corre el riesgo de consolidar un modelo que favorece a las EPS y pone en riesgo el derecho a la salud de millones de colombianos.
Entre las principales críticas está la asignación de más de 60 billones de pesos a las EPS en los próximos cinco años, a pesar de sus problemas financieros y de gestión existentes. El Gobierno sostiene que esto equivaldría a destinar recursos públicos a entidades insolventes, mientras que hospitales, clínicas y demás prestadores continúan acumulando deudas millonarias.
Además, el ministerio expresa su preocupación por el mantenimiento de la intermediación de las EPS en los pagos a los prestadores de salud, lo que elimina la posibilidad de realizar giros directos, mecanismo que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes. En la práctica, esto implicaría que clínicas y hospitales seguirán dependiendo de la voluntad de las aseguradoras para acceder a los recursos.
De acuerdo con el Ministerio, la ponencia también suprime el fondo destinado al fortalecimiento de la red hospitalaria pública, lo que pondría en riesgo de cierre a buena parte de los hospitales regionales. Adicionalmente, transfiere al Estado la responsabilidad de financiar la atención primaria y los programas de prevención, incrementando la carga fiscal sin afectar los privilegios actuales de las EPS.
Entre otros retrocesos señalados por el Ministerio se encuentran el rechazo a la creación de un régimen especial que mejore las condiciones laborales del personal de salud, la eliminación de ayudas económicas para más de 300.000 madres en situación de vulnerabilidad, y la concentración de decisiones estratégicas —como la conformación de redes de atención— en manos de las EPS.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con una reforma que ponga en el centro la vida, garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos y proteja el derecho fundamental a la salud, en lugar de fortalecer la intermediación financiera del sistema.