Se suspendió la audiencia de imputación de cargos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; continuará el 2 de septiembre.
Un juez de control de garantías legalizó este domingo en horas de la tarde la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá.
Barragán Ovalle fue arrestado en la localidad de Engativá durante un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, habría tenido un rol clave en la planificación del crimen, incluyendo la selección del menor de edad que ejecutó el atentado sicarial.
La Fiscalía lo vincula a reuniones previas al homicidio, en las que se habría coordinado tanto la logística del ataque como la asignación del sicario encargado de llevarlo a cabo.
Con la captura ya legalizada, Harold Daniel Barragán Ovalle deberá enfrentar un proceso judicial por varios delitos, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de crímenes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso restringido o con agravantes.
Aunque la audiencia de imputación de cargos comenzó el 31 de agosto, fue suspendida y se retomará el martes 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana. Durante esta diligencia, se espera que el acusado decida si acepta o rechaza los cargos presentados por la Fiscalía.
Por su parte, la defensa de Barragán afirmó que su cliente ya había estado colaborando con las autoridades y que incluso había mantenido conversaciones con los fiscales encargados del caso para formalizar dicha cooperación. Esto podría permitir que el séptimo implicado aporte información clave para esclarecer completamente los motivos, autores intelectuales y demás responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Con la detención de Barragán Ovalle, el número de capturados por el magnicidio que impactó al país asciende a siete. El asesinato, cometido por un menor de edad, ha sido calificado como un ataque directo contra la democracia y la institucionalidad, debido a la relevancia política de la víctima como senador y precandidato presidencial.