La Agencia Nacional de Tierras solicitó a la SAE que realice una inspección sobre el uso de estos terrenos, ya que únicamente 300 hectáreas están destinadas a actividades turísticas gestionadas por la Alcaldía de Puerto Triunfo.

Recientemente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, hizo pública una grave denuncia tras recorrer los predios de la emblemática Hacienda Nápoles, ubicada en el corregimiento de Doradal. Harman cuestionó el comodato otorgado a la Alcaldía de Puerto Triunfo, señalando una presunta ocupación irregular de gran parte de estas tierras.
Según Harman, apenas se estaría usando turísticamente alrededor del 10% de las hectáreas totales del terreno que perteneció al extinto narcotraficante Pablo Escobar. Aunque esta actividad turística ha impulsado el desarrollo en la zona, la Agencia Nacional de Tierras busca esclarecer el destino del resto del terreno, originalmente destinado a actividades agropecuarias.
“Con la explotación de aproximadamente 300 hectáreas de la Hacienda Nápoles, lo que realmente se intenta es legalizar la ocupación indebida de más de tres mil hectáreas, que se ha convertido en un negocio manejado por distintas administraciones municipales en este importante proceso”, afirmó Harman.
El director pidió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizar un estudio detallado de cada uno de los folios relacionados con este proceso.
“No es responsabilidad solo de esta administración, sino de varias que en el pasado han manejado esos folios entregados por la Sociedad de Activos Especiales en 2007. Con la inspección exhaustiva que realizaremos, determinaremos si realmente se ha cumplido con el propósito de la resolución de transferencia o, por el contrario, si durante más de 20 años se ha estado engañando al país”, afirmó.
Se espera que en las próximas horas la Alcaldía de Puerto Triunfo emita un pronunciamiento. Aunque Harman destacó que han sido varias administraciones municipales las que han gestionado la zona en las últimas décadas y que podrían estar involucradas en posibles irregularidades, los organismos de control también podrían exigir explicaciones sobre el uso del terreno.