De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 20 y 40 migrantes estarían arribando cada día, superando la capacidad de atención de comunidades pequeñas en Chocó, como Bahía Solano.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la acción de redes criminales que estarían trasladando migrantes desde Panamá para luego abandonarlos en distintos municipios del Chocó. Según la entidad, entre 20 y 40 personas estarían llegando a diario, desbordando la capacidad de atención de pequeñas localidades como Bahía Solano.
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Aunque en un principio se pensó que el flujo migratorio disminuiría, el fenómeno ha cambiado de rumbo. Ahora, la llamada “migración inversa” genera nuevas alertas: bandas ilegales estarían engañando a los migrantes con promesas de transporte hacia Buenaventura (Valle del Cauca), pero en lugar de cumplir, los dejan abandonados en lugares como Juradó y Ciudad Mutis.
Este fenómeno ya no se limita al paso tradicional por Capurganá, en el mar Caribe, sino que se extiende también por rutas del océano Pacífico. Las redes criminales han empezado a movilizar migrantes hacia zonas como el corregimiento de El Valle, en Bahía Solano, donde no existe presencia de control migratorio.
Uno de los aspectos más preocupantes, según la Defensoría, es la llegada de menores de edad acompañados por personas que no son sus padres ni familiares cercanos, lo que incrementa los riesgos de trata y otras vulneraciones a sus derechos.
La Defensoría del Pueblo señala que en el departamento del Chocó, los migrantes enfrentan constantes peligros, principalmente debido al control territorial ejercido por grupos armados ilegales. Además, han detectado la llegada de migrantes con discapacidad y aquellos que no hablan español, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a estas redes criminales.
Es importante destacar que diariamente entre 20 y 40 migrantes llegan a municipios como Juradó, donde se hospedan en hostales, o bien duermen en las calles y el parque principal. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades, que carecen de los recursos necesarios para brindarles atención adecuada, por lo que la Defensoría advierte que podría desencadenarse una crisis humanitaria.