Amnistía Internacional advierte que el futuro presidente de Colombia tiene un desafío clave: ¿protegerá los derechos de los migrantes o cederá ante intereses electorales?
En el contexto del actual debate electoral en Colombia rumbo a las elecciones presidenciales, la migración se consolida como uno de los desafíos más relevantes que enfrentará el próximo gobierno.
Así lo expresó Nastassja Rojas, directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, durante una entrevista reciente en la que enfatizó la importancia de sostener un enfoque basado en derechos humanos para abordar la situación de las personas migrantes, en particular las de origen venezolano.
“En otras partes del mundo hemos visto manifestaciones de discriminación y enfoques de seguridad frente a la migración, incluso como parte de las campañas electorales, porque sabemos que, a nivel global, este discurso suele rendir frutos en ciertos sectores del electorado”, explicó Rojas.
Ante este escenario, la organización hace un llamado enfático a evitar que la migración se utilice con fines políticos, y a centrar la atención en la protección de los derechos y las necesidades reales de las personas migrantes.
Colombia, que en la última década se ha convertido tanto en destino como en país de tránsito para millones de ciudadanos venezolanos, enfrenta una situación que demanda respuestas concretas. Entre los principales retos están la disminución del apoyo internacional y el aumento de tensiones sociales en las comunidades que reciben a estas poblaciones.
A este contexto se suma un nuevo desafío: el “flujo inverso” de migrantes que regresan desde Estados Unidos hacia América Latina, lo que incrementa la presión sobre rutas críticas como el tapón del Darién.
Ante este panorama, Rojas fue clara en su mensaje: “Lo primero en lo que insistimos con fuerza es en la necesidad de reactivar los procesos de regularización diseñados especialmente para la población venezolana”.
Destacó que estas políticas no deben ser vistas como simples medidas asistencialistas, sino como instrumentos clave para facilitar la integración de los migrantes en las comunidades que los reciben, permitiéndoles trabajar, aportar y sostenerse de manera independiente.
Amnistía Internacional, por su parte, planea tener un rol activo durante el proceso electoral. Según explicó Rojas, la organización está trabajando junto a la sociedad civil para promover espacios de diálogo con el Gobierno nacional y buscar compromisos concretos de los candidatos en materia de derechos para la población migrante.
“No se trata simplemente de un fenómeno migratorio con implicaciones económicas; estamos hablando de personas que requieren protección internacional. Es deber del Estado colombiano —independientemente de quién esté en el poder— responder con solidaridad”, enfatizó.
El llamado de Amnistía Internacional es contundente: el próximo presidente deberá abordar la migración desde un enfoque basado en la dignidad humana y los derechos fundamentales, alejándose de discursos oportunistas y reconociendo el valor que esta población puede aportar al país.