Petro pide anular decisión que limita sus alocuciones presidenciales

La defensa de Petro sostiene que esta medida convierte a la CRC en un “censor previo” de las declaraciones del presidente.

El presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Pedro Alejandro Carranza, pidió al Consejo de Estado anular la sentencia que estableció controles sobre las alocuciones presidenciales y que otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la autoridad para autorizar y vigilar sus intervenciones televisadas.

Para la defensa del jefe de Estado, dicha decisión convierte a la CRC en un “censor previo” de las declaraciones presidenciales, algo que, a su juicio, contradice tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el recurso presentado, Carranza argumenta que el fallo somete la libertad de expresión del presidente a la aprobación anticipada de un órgano administrativo, además de exponerlo “al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica”. Según la defensa, la sentencia termina condicionando una función esencial —comunicar, explicar y rendir cuentas al país— al aval de una autoridad sin legitimación popular.

La defensa también critica que el fallo se base en un supuesto “uso desmedido” de las alocuciones presidenciales, sin presentar estudios comparativos, antecedentes históricos ni análisis del contexto informativo actual que sustenten esa conclusión.

Sostiene que no existe evidencia de que las intervenciones del presidente hayan afectado el pluralismo informativo, ni de que la CRC tenga facultades para imponer límites o exigir autorizaciones sobre contenidos de naturaleza política.

“El expediente no demuestra que otorgar a la CRC potestades de veto previo o de interrupción en vivo sea una herramienta adecuada para proteger el pluralismo. Por el contrario, existe un riesgo claro de que la entidad termine actuando como árbitro del discurso político, sin que ello garantice una mayor diversidad de voces; incluso podría reducirla si genera temor de censura y desincentiva el uso del canal institucional”, señala el documento presentado por el abogado Carranza.


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