A solo cuatro meses de terminar el año, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sigue sin ser ajustada, pese al mandato de la Corte Constitucional.
A solo cuatro meses de que finalice el año, continúa la polémica en torno al ajuste del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Aunque el Gobierno insiste en que dicho incremento es adecuado, representantes del sector salud sostienen que no responde a las verdaderas necesidades del sistema, lo que ha contribuido a profundizar su crisis.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló en entrevista con Blu Radio su preocupación por la postura del Ejecutivo frente a la suficiencia de los recursos. Recordó que la Corte Constitucional ordenó una revisión técnica con participación amplia de los actores del sistema, pero advirtió que el cierre de las mesas técnicas no cumplió con ese lineamiento.
Según Vesga, tanto los gremios como los pacientes presentaron información basada en análisis técnicos y estados financieros que evidencian un aumento sostenido en la demanda de servicios de salud, especialmente tras la pandemia. No obstante, aseguró que el proceso de revisión se llevó a cabo de manera “rápida y superficial”, mientras el Gobierno mantuvo su narrativa sobre la suficiencia de recursos y atribuyó los problemas del sistema a deficiencias en los reportes y la gestión de las aseguradoras.
“Respaldamos plenamente la información que hemos entregado, ya que se basa en criterios técnicos”, afirmó Ana María Vesga. No obstante, criticó la falta de transparencia del Ministerio de Salud al no permitir el acceso a las bases de suficiencia utilizadas para calcular la UPC. “Sin esa información, resulta técnicamente imposible replicar el ejercicio”, explicó. Además, advirtió que si el Gobierno mantiene su posición, se agravará la situación no solo para millones de pacientes, sino también para los prestadores y aseguradores, que ya enfrentan serias dificultades para atender la creciente demanda.
Por su parte, el exministro de Salud y vocero del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, reiteró en diálogo con Blu Radio que el financiamiento de la UPC continúa siendo insuficiente. Detalló que la siniestralidad del sistema —la proporción entre el gasto y los ingresos— supera el 110 %. “Por cada 100 pesos que reciben las EPS, se están gastando entre 109 y 110 pesos. Algunas incluso alcanzan los 120”, puntualizó.
Galán también criticó que el actual modelo no corrige los rezagos financieros acumulados, y que el cálculo de los presupuestos máximos —que cubren enfermedades de alto costo y otros servicios— no refleja los costos reales. “Este Gobierno ha subestimado los recursos necesarios, presupuestando menos de lo que históricamente se ha gastado, intentando corregir sobre la marcha y postergando los debates técnicos”, concluyó.
Los gremios insistieron en la necesidad de una pronta respuesta por parte del Ministerio de Salud, con el fin de evitar un mayor deterioro del sistema.