Distintos gobernadores departamentales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para replantear las estrategias de seguridad y hacer frente al avance de los grupos armados ilegales, responsables de vulnerar el Derecho Internacional Humanitario y poner en riesgo a la población infantil.
Durante la Cumbre de Gobernadores por el Cuidado del Territorio y la Vida, celebrada en el departamento del Chocó y organizada por la Federación Nacional de Departamentos, varios líderes regionales expresaron su profunda preocupación ante el avance de la violencia.
“La crisis de orden público afecta gravemente a gobernadores y alcaldes, dejando a las comunidades más vulnerables, especialmente a los niños, como principales víctimas”, señaló la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Por su parte, el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió sobre las graves implicaciones para la institucionalidad. Según cifras compartidas por el mandatario, en lo que va del año más de 500 miembros de la fuerza pública han sido asesinados o heridos, lo que representa un incremento del 150 % en comparación con el mismo periodo de 2024.
A esta alarma se unió el general (r.) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, quien reveló que en Colombia se registra el reclutamiento de un menor cada 48 horas.
“En lo corrido de 2025, se han documentado 463 casos, además del rescate de 12.024 niños y adolescentes que eran víctimas de explotación o que estaban involucrados en actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la explotación sexual”, afirmó el oficial en retiro.
Los gobernadores también instaron al Gobierno a fortalecer la inversión en prevención de desastres, argumentando que las políticas públicas continúan enfocándose en respuestas reactivas en lugar de priorizar estrategias de mitigación y preparación ante riesgos.
La cumbre finalizó con un llamado urgente a fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, con el fin de abordar de manera integral los desafíos en materia de seguridad y gestión del riesgo. Los participantes advirtieron que, sin acciones efectivas de prevención y protección de la niñez, será imposible alcanzar un desarrollo social, económico y ambiental sostenible en el país.