Entre los hallazgos más relevantes se identifican un incremento desproporcionado en los anticipos, que ascienden a $15,27 billones; facturación pendiente de procesamiento por un valor de $22,1 billones; contratos sin la documentación completa; cuentas por pagar superiores a los $21 billones, y una subestimación en las reservas técnicas.
La Contraloría General de la República alertó sobre serias irregularidades financieras y administrativas en la Nueva EPS, tras concluir una veeduría que examinó información correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y junio de 2025.
Entre los principales hallazgos figuran un incremento excesivo en los anticipos, que alcanzan los $15,27 billones; facturas sin procesar por $22,1 billones; contratos sin completar; cuentas por pagar que superan los $21 billones; y reservas técnicas calculadas por debajo de lo requerido.
La Contraloría advirtió que la entidad presenta riesgos significativos en términos de liquidez y sostenibilidad financiera, y anunció que evaluará la posible existencia de responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
Principales hallazgos
Operativo de inspección judicial:
La Contraloría recopiló un total de 4.524 archivos de la Nueva EPS, correspondientes al periodo entre 2022 y el primer semestre de 2025. La información recabada abarca aspectos técnico-asistenciales, administrativos, jurídicos y financieros.
Crecimiento alarmante de anticipos:
Los anticipos pendientes por legalizar se incrementaron de $3,4 billones en 2023 a $15,27 billones en junio de 2025, lo que representa un aumento del 155%. Este comportamiento compromete la liquidez de la entidad y eleva el riesgo de detrimento patrimonial, particularmente en los casos de anticipos sin legalizar con más de dos años de antigüedad, que ascienden a $143 mil millones.
Facturación sin procesar:
Se identificaron 22,7 millones de facturas por un valor total de $22,1 billones aún pendientes de revisión. De estas, 9,1 millones están duplicadas, representando $8,9 billones, lo que genera serias inconsistencias contables y financieras dentro de la EPS.
Concentración del riesgo:
Solo 36 de los 2.700 prestadores acumulan el 40% del total pendiente, equivalente a $5,2 billones, lo que incrementa significativamente el riesgo fiscal ante posibles incumplimientos.
Contratos incompletos:
Se evidenció la ausencia de documentación mínima requerida por la normativa (Decreto 441 de 2022), como copias de contratos, anexos y notas técnicas.
Cuentas por pagar:
Al cierre de marzo de 2025, el saldo acumulado alcanzó los $21,37 billones, incluyendo $10,5 billones en anticipos y $8,7 billones en facturas pendientes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y la atención a sus afiliados.
Reservas técnicas insuficientes:
Se detectó un déficit de $11,1 billones en las reservas técnicas, con falta de respaldo documental como autorizaciones y facturas, lo que evidencia una baja liquidez.
Riesgo general:
La Contraloría señala un deterioro continuo en la situación financiera y administrativa, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Además, advertirá sobre posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales derivadas de esta situación.