Uno de los aspectos que genera mayor inquietud y debate es la viabilidad fiscal del proyecto.
La propuesta de una nueva reforma al sistema de salud en Colombia se encuentra rodeada de incertidumbre y múltiples cuestionamientos. Así lo expresó la senadora Norma Hurtado, miembro de la Comisión Séptima del Senado, en declaraciones concedidas a Mañanas Blu.
Hurtado expuso las profundas dudas que persisten sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma, así como sobre la realización del debate clave previsto inicialmente para el próximo martes. Además, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa actualmente el sistema de salud en el país.
Reconocida por su constante seguimiento al proyecto impulsado por el Gobierno, la senadora subrayó la complejidad del momento actual: aún no se han radicado varias de las ponencias, y el Ministerio de Hacienda no ha despejado interrogantes fundamentales. “No tenemos claridad. Hasta ahora, lo que sé es que hay intención de radicar las ponencias, pero no se ha concretado,” señaló.
Uno de los aspectos que más inquietud y controversia ha generado, según la senadora Hurtado, es la viabilidad fiscal del proyecto. La congresista advirtió que la reforma está “estrechamente vinculada a un presupuesto que debe ser sustentado por el ministro de Hacienda, con una proyección a 10 años que garantice la sostenibilidad del nuevo modelo de salud en el tiempo”.
Sistema de salud
Más allá de las discusiones legislativas, la senadora Hurtado resaltó la grave crisis que actualmente afecta al sistema de salud en Colombia. “Estamos frente a una crisis evidente relacionada con el impago por parte de las EPS intervenidas de todos los servicios brindados tanto por la red pública como por la privada. El sistema está colapsando: largas filas para obtener medicamentos, rechazos en tratamientos y falta de acceso a los mismos. Esta situación no solo paraliza el sistema, sino que también pone en riesgo la vida de muchas personas“, afirmó.
Un dato preocupante es el reciente informe de la Contraloría que revela un “déficit significativo en la Nueva EPS”, cuyas “deudas no están respaldadas por el aval fiscal”. Esto genera una gran incertidumbre respecto a quién asumirá el pago a las redes públicas y privadas por las obligaciones pendientes de la Nueva EPS. La problemática se intensifica aún más con la eliminación de un párrafo clave en el aval número cinco, que representaba la única esperanza para garantizar el pago corriente durante 2024 para ambas redes.
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