La posible existencia de artefactos explosivos en caminos rurales agrava la situación, manteniendo a varias comunidades confinadas y considerando la posibilidad de abandonar sus territorios.
A medida que pasan los días, se agrava la crisis humanitaria de decenas de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en veredas como Doradas Altas y Tahamí, en el municipio de Tarazá, debido a intensos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
La crisis que comenzó hace 13 días con la llegada de 42 personas al Coliseo Municipal ha aumentado a 136 desplazados, según el último informe del alcalde Yomer Fabián Álvarez, quien señaló que persiste la incertidumbre sobre el regreso de esta población, que incluye varios menores de edad y 12 adultos mayores.
La presunta presencia de artefactos explosivos en caminos rurales agrava aún más la situación, obligando al confinamiento de varias comunidades que contemplan abandonar sus territorios ante el riesgo latente.
“La situación es incierta. No sabemos hasta cuándo podremos brindar atención y apoyo, especialmente cuando no contamos con el acompañamiento del Gobierno. Es difícil responder a las personas alojadas en el coliseo cuando nos preguntan cuándo podrán regresar, porque no tenemos una respuesta clara”, expresó.
El alcalde cuestionó la limitada presencia de entidades del Gobierno nacional para atender la crisis humanitaria, y al mismo tiempo hizo un llamado urgente para reforzar la presencia de la fuerza pública ante la amenaza armada que se cierne sobre un corredor estratégico que conecta los municipios de Tarazá, Valdivia, Cáceres y Anorí.
“Ese ha sido un corredor estratégico durante mucho tiempo. Hemos insistido al Gobierno nacional y al Ejército que presten atención, que lleguen al territorio y asuman el control. No podemos decir que no hay presencia militar, pero no es suficiente para controlar una zona tan extensa como esta”, afirmó el mandatario local.
La situación en el Bajo Cauca antioqueño se ve agravada por la presión armada que también afecta a varios municipios del Norte y Nordeste de Antioquia, donde el frente 36 de las disidencias de las FARC mantiene su accionar violento, especialmente tras recientes operaciones militares en las que fueron abatidos al menos cuatro de sus cabecillas.