Esto implica que el Fomag y la Fiduprevisora no podrán aplazar ni negar la aprobación de exámenes médicos.
La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar de cesación provisional por un periodo de tres meses al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora, debido al incremento de quejas relacionadas con la prestación del servicio y el manejo de los recursos.
Este tipo de medida se aplica cuando existe una situación que podría poner en riesgo derechos fundamentales —en este caso, el derecho a la salud— durante el curso de un proceso judicial o administrativo. Su propósito es prevenir un daño irreparable mientras se toma una decisión definitiva.
En consecuencia, tanto el Fomag como la Fiduprevisora no podrán, por ejemplo, aplazar o negar autorizaciones para exámenes médicos, procedimientos, asignación de citas, entrega de medicamentos, entre otros servicios dirigidos a docentes, pensionados del magisterio y sus beneficiarios.
La decisión se adoptó luego de una serie de auditorías, seis de ellas realizadas entre 2024 y lo corrido de 2025, en las que se identificaron múltiples presuntas fallas y el incumplimiento de las recomendaciones previamente emitidas por la Supersalud.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran deficiencias en la garantía de oportunidad y accesibilidad a los servicios de salud y medicamentos, incumplimientos en los pagos a prestadores y proveedores, entrega de información incompleta y tardía que dificulta la labor de vigilancia y control, así como la falta de corrección de hallazgos señalados en auditorías anteriores.
“La Superintendencia también solicitó a la Fiduprevisora un informe detallado sobre las acciones adelantadas con la red de prestadores, gestores farmacéuticos y operadores logísticos, en relación con la depuración, conciliación y pagos pendientes. No obstante, según la resolución, la información entregada no ha cumplido con los estándares de calidad, oportunidad y pertinencia, lo cual ha limitado el ejercicio efectivo de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte de la entidad.”
La medida estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, y durante ese periodo las entidades involucradas deberán entregar informes detallados sobre su operación, control financiero y poner en marcha un plan de contingencia.
Entre el 23 de septiembre y el 23 de diciembre de 2025, mientras rige la medida cautelar, el FOMAG y su Consejo Directivo deberán cumplir con una serie de obligaciones específicas. Una de ellas es presentar, en un plazo máximo de cinco días, un plan que contenga las estrategias para superar las deficiencias identificadas, así como asegurar que la red nacional de servicios de salud esté disponible en las cercanías del lugar de residencia o trabajo de los afiliados.
Una vez aprobado el plan, la Fiduprevisora será la encargada de implementarlo y de supervisar su cumplimiento. Esto incluye garantizar la entrega oportuna de medicamentos y servicios, dar respuesta adecuada y a tiempo a quejas y reclamos, y avanzar en la conciliación de cuentas pendientes con prestadores y proveedores de salud.
Al finalizar los tres meses de vigencia de la medida cautelar, la Superintendencia de Salud evaluará si el FOMAG, la Fiduprevisora y su Consejo Directivo han cumplido con las instrucciones impartidas y si se han corregido las fallas graves en la atención. De ser así, se levantará la medida y se retomará el esquema de vigilancia regular.
Sin embargo, si se mantienen los incumplimientos o continúan los riesgos que afectan la salud de los afiliados, la Superintendencia de Salud podrá extender la medida cautelar o aplicar acciones más contundentes, como una intervención administrativa o el cambio en la gestión de los recursos.
Es importante señalar que, de forma paralela, ya se adelanta un proceso sancionatorio contra los responsables, el cual podría derivar en consecuencias de tipo administrativo, disciplinario, fiscal o incluso penal.