El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, continúan en evaluación, luego de que hace una semana la directora del Dapre, Angie Rodríguez, les solicitara formalmente sus cartas de renuncia.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha comenzado a ajustar cuentas con los sectores políticos que no cumplieron con el respaldo prometido a María Patricia Balanta en el Senado, durante la reñida contienda contra Carlos Camargo por un cupo en la Corte Constitucional.
La derrota en esa votación llevó al mandatario a replantear su estrategia política para la recta final de su administración. La primera consecuencia visible fue la salida de Julián Molina, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuya renuncia fue aceptada tras ser identificado como representante de un sector del Partido de la U que, según los cálculos del Ejecutivo, habría cambiado su voto en el último momento. Esa decisión habría favorecido al exdefensor Carlos Camargo Assis, considerado el candidato del bloque opositor al Gobierno.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, aún se mantienen en la cuerda floja, luego de que hace una semana la directora del Dapre, Angie Rodríguez, les solicitara su renuncia, la cual sigue siendo evaluada por el presidente Gustavo Petro.
Sanguino ocupa su cargo como representante de la Alianza Verde, mientras que Morales fue designada como cuota de los congresistas liberales afines al Gobierno. En ambos casos, persisten dudas en la Casa de Nariño sobre su respaldo a la candidatura de María Patricia Balanta en la reciente elección de magistrado de la Corte Constitucional.
El rumbo de la coalición de gobierno en el Congreso depende en buena parte de estas decisiones, en un momento en que su fuerza parece estar cada vez más debilitada. Se anticipa que los reemplazos en el gabinete provendrán del ala más ideológica del petrismo, lo que cerraría las puertas a cualquier intento de diálogo o alianza con sectores de centro, cuyos votos son clave para avanzar en la agenda legislativa del Ejecutivo.
En este contexto, están en riesgo iniciativas fundamentales como la aprobación del presupuesto nacional —que debe definirse antes del lunes—, así como la nueva reforma tributaria y la reforma a la salud.
Todo apunta a que el presidente Gustavo Petro estaría optando por no insistir en nuevas reformas estructurales durante lo que resta de su mandato. En cambio, concentraría sus esfuerzos en liderar la campaña para asegurar la continuidad de su proyecto político en 2026, con el objetivo de lograr mayorías en el Congreso y, eventualmente, avanzar hacia un escenario que negó en campaña: una Asamblea Nacional Constituyente.