El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentó su ponencia sobre la Ley 2381 de 2024, más conocida como la reforma pensional, la cual fue objeto de una demanda interpuesta por la senadora opositora Paloma Valencia.
La Corte Constitucional tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentales: definir si la Ley de reforma pensional se ajusta a la Constitución. Esta normativa es una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según información conocida por Blu Radio, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, radicó recientemente su ponencia sobre el caso. El debate en sala está programado para el próximo martes.
Sin duda, esta reforma ha sido un punto de tensión entre la Corte Constitucional y el Gobierno. El magistrado Ibáñez, encargado de la ponencia, ha recibido críticas y cuestionamientos por las pruebas que ha solicitado en el proceso de revisión de la ley.
El proceso se inició en agosto de 2024, cuando la Corte admitió la demanda presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. En su recurso, solicitó la nulidad de la reforma pensional alegando irregularidades en su trámite legislativo.
A lo largo de más de un año se presentaron distintos acontecimientos, pero fue en junio de 2025 cuando la Corte Constitucional adoptó una decisión crucial: devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes tras detectar un vicio en su aprobación.
En respuesta, el Gobierno expidió un decreto convocando a sesiones extraordinarias con el fin de que la Cámara corrigiera el error. Sin embargo, la controversia no tardó en aparecer, esta vez por las actas de dichas sesiones, ya que varios congresistas denunciaron inconsistencias en su elaboración.
El despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez tuvo que requerir en múltiples ocasiones estos documentos, llegando incluso a emitir un ultimátum a la Cámara. Esta, a su vez, solicitó prórrogas para entregar la documentación requerida y permitir que el análisis del caso continuara.
En las últimas semanas, con la llegada de nuevos magistrados a la Corte Constitucional, se han producido movimientos clave en torno al análisis de la reforma pensional. El magistrado recientemente posesionado, Carlos Camargo, presentó un impedimento para apartarse del debate, alegando un posible conflicto de interés. No obstante, el pasado 1 de octubre, la Sala Plena rechazó su solicitud por considerarla infundada, permitiéndole así participar en la discusión.
Por otro lado, aún están en trámite dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petro y se desempeñó como su abogado personal durante varios años.
La primera recusación fue interpuesta por el concejal Daniel Briceño, quien sostiene que Carvajal suscribió contratos con Colpensiones, lo que —según argumenta— comprometería su imparcialidad en el estudio de la ley.
La segunda recusación, presentada por la senadora Paloma Valencia, sigue una línea similar a la anterior y también busca que el magistrado Héctor Carvajal sea excluido del debate sobre la reforma pensional.
Mientras tanto, ya está lista la ponencia de fallo, y la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene previsto reunirse el martes 14 de octubre para discutir el futuro de esta controvertida reforma.
Además, la senadora Valencia solicitó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez que requiera a Colpensiones los conceptos jurídicos que, presuntamente, emitió Carvajal sobre la constitucionalidad de la reforma mientras mantenía un contrato con dicha entidad.
Esta petición se presenta pocos días después de que Valencia interpusiera la recusación formal contra el magistrado, asegurando que esos documentos son clave para justificar su exclusión del proceso.
Según la congresista, los contratos de prestación de servicios que Carvajal suscribió con Colpensiones en 2024 y 2025 contienen informes de supervisión que acreditan la entrega de esos conceptos jurídicos.
“La intención es que la Corte cuente con todos los elementos probatorios necesarios para apartar al magistrado Carvajal del conocimiento de este caso”, señala la solicitud enviada por la senadora.
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