El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la participación de exparamilitares como gestores de paz, aclarando que no recibirán beneficios judiciales. Según explicó, su inclusión busca contribuir a la reconstrucción del tejido social y aportar a la verdad sobre hechos aún no esclarecidos del conflicto armado.
En medio de la polémica por la designación de exparamilitares como gestores de paz, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró en una entrevista con Mañanas Blu el propósito de esta decisión dentro de la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno.
Benedetti enfatizó que la iniciativa no busca conceder beneficios judiciales, sino fomentar el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado, como paso fundamental para reconstruir el tejido social y avanzar en la reparación integral a las víctimas.
“Lo esencial es conocer la verdad de lo que realmente ocurrió y quiénes participaron. Eso es clave, especialmente para las víctimas, que merecen una explicación clara”, afirmó el ministro.
El papel de los exparamilitares como gestores de paz
Según explicó el ministro del Interior, algunos exjefes paramilitares ya están desempeñando funciones como gestores de paz, y el Gobierno busca ampliar su participación en escenarios de diálogo con grupos armados que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“La intención es que contribuyan a reconstruir el tejido social que en su momento afectaron, que participen en la formulación de estrategias y se integren a los diálogos sociales con estas nuevas estructuras criminales”, señaló el ministro.
Benedetti aclaró que esta figura no implica beneficios judiciales ni modificaciones en las condenas de los implicados: “Siguen privados de la libertad y bajo control del sistema judicial. No se trata de liberarlos ni de cambiar su situación jurídica”, enfatizó.
Una verdad aún incompleta
Durante su conversación con Néstor Morales, el ministro del Interior recordó que la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, no logró cumplir con las expectativas de verdad plena que tenían tanto el Estado como las víctimas del conflicto armado.
“Ni siquiera han revelado el 5 % de la verdad”, afirmó Benedetti, refiriéndose a los testimonios entregados por exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso en más de quince años de procesos judiciales.
Según el ministro, este nuevo enfoque busca cerrar ese vacío y abrir un espacio real para que salgan a la luz los vínculos, los cómplices y los responsables dentro de las estructuras del poder que hicieron parte del aparato paramilitar.
Estrategias de paz y reconstrucción del tejido social
El ministro del Interior enfatizó que este proceso va más allá de simples audiencias judiciales. Se trata de una estrategia amplia, integrada dentro de la política de paz total del Gobierno, que busca generar transformaciones reales en los territorios afectados por el conflicto.
“Más que una verdad jurídica, lo que imagino es la posibilidad de reparar el tejido social que ellos mismos destruyeron. Tienen la capacidad para diseñar estrategias y establecer contacto con distintas estructuras criminales, lo cual podría ser el punto de partida para una paz total o, al menos, para iniciar varios procesos de negociación”, afirmó.
En esta línea, el Ministerio del Interior sostiene que los gestores de paz pueden aportar información valiosa sobre las dinámicas del crimen organizado actual y contribuir a evitar que el ciclo de violencia vuelva a repetirse.
Trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Ante preguntas sobre la posición del comisionado de paz, Oti Patiño, el ministro Armando Benedetti aseguró que existe una coordinación total entre ambas entidades, a pesar de las diferencias previas entre los exparamilitares y el alto funcionario.
“Para que todo esto se esté llevando a cabo, necesariamente tuve que haber hablado con él. Nada de esto sería posible sin su participación”, afirmó Benedetti.
Aunque evitó definir el proceso como una “negociación”, el ministro reiteró que se trata de un esfuerzo orientado a esclarecer la verdad histórica y a dar respuesta a las demandas de justicia y esclarecimiento por parte de las víctimas del conflicto.