Son señalados como responsables del aumento de la violencia en la región del Catatumbo.
El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía han publicado el cartel de los más buscados en el Catatumbo, ofreciendo recompensas por información que conduzca a la captura de alias ‘Pablito’, alias ‘Antonio García’, alias ‘Gabino’, alias ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas y líderes del ELN en la región. En particular, por la captura de estos cuatro líderes se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos.
Además, se ofrece una recompensa de hasta $500 millones a quien brinde información sobre el paradero de alias ‘Alfred’, alias ‘Arbey’ y alias ‘Gonzalo Satélite’.
También se ofrecen hasta $100 millones a quien proporcione información que ayude a capturar a otros 7 miembros de la estructura del ELN en el Catatumbo.
La tarde del jueves, se llevó a cabo la primera operación militar en el Catatumbo por parte del Ejército Nacional, que, según informaron las Fuerzas Militares, logró desplazar a guerrilleros del ELN que operan en el sur del Tarra.
Gobierno declara estado de conmoción interior en el Catatumbo
El Gobierno ha decretado el estado de conmoción interior en varios municipios del noreste de Colombia, abarcando 16 municipios del departamento de Norte de Santander y dos del departamento del Cesar. Esta medida, que tendrá una duración de 90 días, se tomó debido a la grave crisis que atraviesa la región del Catatumbo debido a la ofensiva del ELN.
Según el decreto, la conmoción interior responde a la “perturbación extraordinaria del orden público” en la región, producto de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos y violaciones a los derechos fundamentales de la población civil. El Gobierno considera que la situación ha escalado de manera imprevisible y excede la capacidad ordinaria del Estado para hacerle frente.
La declaración del estado de conmoción interior ha generado críticas en varios sectores de Colombia, aunque el Gobierno la justifica por la gravedad de la situación. Según el decreto, ya se han recibido 41 cuerpos y se estima que entre 60 y 80 personas han perdido la vida a causa de la violencia. Además, la ofensiva armada ha provocado más de 36.000 desplazados y ha afectado a miles de personas en la región.
Con esta medida, el Gobierno obtendrá facultades especiales para abordar las causas de la perturbación y evitar que sus efectos se expandan. El decreto también establece que se implementarán medidas para proteger a la población civil y restaurar el orden público en la región.
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