El procurador delegado, Gustavo Guerrero, indicó que, hasta el momento, no se ha presentado un cronograma claro ni los presupuestos necesarios para realizar el proceso de intervención de Air-e.
La Procuraduría General de la Nación expresó su firme rechazo ante la ausencia de un plan claro y bien definido para la intervención de la empresa Air-e, un proceso que, según se ha informado, tiene como objetivo la liquidación y administración temporal de la compañía.
Durante una reunión convocada de forma urgente, el organismo de control manifestó su preocupación por la falta de un plan estructurado, advirtiendo que esto pone en peligro tanto la continuidad del servicio como la estabilidad del sistema energético del país.
El procurador delegado para asuntos ambientales, mineroenergéticos y agrarios, Gustavo Guerrero, señaló que hasta el momento no se ha presentado un cronograma claro, un plan de acción ni los presupuestos requeridos para llevar a cabo el proceso de intervención.
“Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener un horizonte de tiempo definido ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa”, enfatizó.
Asimismo, destacó que, ante la falta de un plan concreto, resulta incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio para los usuarios.
En la reunión, el ente de control solicitó al agente interventor que presentara un informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, así como los documentos que respalden los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, que superan los 107.000 millones de pesos, destinados a cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa.
También se solicitó información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de Air-e con los generadores de energía.
Como medida de seguimiento, el Ministerio Público convocará una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, y otros actores clave, con el fin de definir cómo se financiará la intervención, los plazos establecidos para la misma y el plan de acción del Gobierno nacional en relación con la empresa Air-e.
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