La Procuraduría enfatizó que las decisiones deben adoptarse con fundamentos técnicos y mediante un proceso participativo, respetando siempre las atribuciones del Ministerio de Salud.
La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Salud a acatar la orden de la Corte Constitucional, que exige el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto anual que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado.
Durante la más reciente sesión de las mesas técnicas para el reajuste de la UPC, el ente de control hizo seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Corte en la sentencia T-760. En dicho fallo, el alto tribunal consideró que el valor asignado para 2024 es insuficiente para cubrir las necesidades en salud de la población.
La Corte ya había advertido un desfase en el cálculo de la UPC desde 2021, lo cual ha impactado negativamente la financiación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Por esta razón, ordenó al Gobierno adoptar medidas estructurales para corregir ese desequilibrio.
En esa línea, la Procuraduría reiteró que las decisiones relacionadas con el reajuste de la UPC deben basarse en criterios técnicos y adoptarse mediante un proceso participativo, sin dejar de reconocer la autoridad del Ministerio de Salud en la materia.
Asimismo, enfatizó que las órdenes emitidas por la Corte Constitucional tienen fuerza de cosa juzgada, por lo que no pueden ser objeto de discusión y deben ser cumplidas dentro de los plazos establecidos.
Ahora, corresponde al Ministerio de Salud trazar la hoja de ruta para ajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, en cumplimiento de un mandato judicial que ha sido reiterado por el alto tribunal en varias ocasiones.
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