La sentencia establece una sanción de ocho años, durante los cuales los condenados deberán cumplir con trabajos de justicia restaurativa, bajo supervisión y seguimiento continuo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió lo que calificó como una sentencia “histórica” contra siete exmiembros del antiguo secretariado de las FARC, responsabilizándolos por más de 21.000 secuestros.
Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, explicó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu el alcance de la decisión, que impone ocho años de sanciones con trabajos de justicia restaurativa, bajo un sistema de supervisión constante.
“Es la primera vez que en Colombia se profiere un fallo por más de 21.000 secuestros”, afirmó Ramelli, quien recordó que los casos entregados a la JEP por la justicia ordinaria consistían, en su mayoría, en expedientes en etapa preliminar, sentencias en ausencia o condenas que nunca se ejecutaron.
“Lo que existía anteriormente era una impunidad absoluta, ya que, aunque se dictaban condenas privativas de libertad, nunca se hicieron efectivas. Además, las víctimas nunca tuvieron la oportunidad de participar en esos procesos”, enfatizó.
¿Qué sucede con las víctimas?
El magistrado resaltó que el enfoque de la JEP pone en el centro a las víctimas, permitiéndoles una participación activa que, según indicó, no tiene precedentes en el país. “Nunca antes se había visto una participación de víctimas en esta magnitud”, aseguró.
Frente a las críticas por la falta de penas de cárcel, Ramelli explicó que las sanciones están orientadas a la reparación y al restablecimiento de derechos. Estas incluyen labores como la búsqueda de personas desaparecidas, la entrega de coordenadas, el desminado humanitario y gestos simbólicos de reconocimiento y perdón.
“Los daños provocados por el conflicto armado en Colombia no se pueden reparar completamente. Lo que se propone son acciones orientadas a la restitución de derechos”, afirmó.
Bienes y reparación económica
El presidente de la JEP precisó que la compensación económica no es competencia de esta jurisdicción, sino que debe gestionarse por la vía administrativa a través de la Unidad para las Víctimas.
Además, recordó que la Corte Constitucional, desde 2019, estableció que todos los bienes de las FARC que estén en procesos de extinción de dominio deben ser destinados a la reparación de las víctimas. “Esos son los recursos disponibles, están en procesos de extinción de dominio”, enfatizó.
Restricciones y vigilancia
El magistrado Alejandro Ramelli explicó que los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC estarán bajo supervisión con dispositivos electrónicos, similares a brazaletes, y deberán cumplir con sus labores de justicia restaurativa en lugares y horarios establecidos por la JEP.
Aunque no serán recluidos en cárceles ni en colonias agrícolas, “sí existe una restricción efectiva de sus derechos, con un estricto monitoreo a cargo de la jurisdicción y de la misión de verificación de las Naciones Unidas”, señaló.
Ramelli también mencionó que tanto víctimas como comparecientes tienen la posibilidad de apelar el fallo. “Las víctimas están plenamente facultadas para presentar recursos, al igual que los comparecientes. No necesariamente se trataría de la pena en sí, sino de otros aspectos del fallo, como órdenes o medidas complementarias”, explicó.
Al ser consultado sobre una posible revisión internacional de la sentencia, Ramelli recordó que en 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Colombia, reconociendo el funcionamiento de la JEP.
“Estamos dispuestos a dar todas las explicaciones necesarias ante el sistema interamericano y la CPI. De hecho, hemos mantenido un diálogo constante con esos organismos durante años”, afirmó.
En respuesta a los cuestionamientos por la demora en el proceso, Ramelli defendió el trabajo de la jurisdicción:
“Recibimos miles de expedientes de la justicia ordinaria en etapa preliminar, muchos sin investigación real. Tuvimos que sistematizar millones de datos, consolidar informes de víctimas y realizar más de 400 versiones voluntarias. Posteriormente, el caso pasó al tribunal, que aplicó rigurosos controles de verificación. Se trata de los tiempos que exige el debido proceso y del manejo de un volumen extraordinario de información”, concluyó.