Presuntos vínculos entre disidencias, general vinculado al Gobierno y agentes de inteligencia salen a la luz

Se revelaron detalles de conversaciones y pruebas halladas en computadores, celulares y memorias USB incautados durante una operación, que contenían información sensible. Según versiones, la fiscal general estaría al tanto de estas evidencias desde hace más de un año, sin que se haya iniciado un proceso de investigación.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reconstruyó un esquema que evidenciaría un presunto vínculo entre jefes de disidencias, un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección General de Inteligencia.

El oficial implicado sería el general Juan Miguel Huertas. En conversaciones con un jefe de las disidencias, se habría revelado un supuesto vínculo de Wilmer Mejía con ese grupo armado. Según Noticias Caracol, estas comunicaciones incluyen indicios de una posible colaboración en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, se señala que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, estaría al tanto de estas evidencias desde hace más de un año, sin que se haya iniciado un proceso de investigación.

El 23 de julio de 2024, una caravana que transportaba a siete jefes de las disidencias, custodiada por miembros de la Unidad Nacional de Protección, fue interceptada en un retén del Ejército en Anorí. Los detenidos portaban información y material que, según la investigación, constituían delitos en flagrancia. Sin embargo, la Fiscalía ordenó su liberación, argumentando que se trataba de gestores de paz y que “no podían ser capturados”.

Entre los liberados se encontraba el jefe del Estado Mayor de bloques y frentes de las Farc, junto con otros seis líderes, incluido alias Ramiro. Aunque quedaron en libertad, los computadores, celulares y memorias USB incautados contenían información sensible. Según Noticias Caracol, estos archivos revelan filtraciones graves provenientes de instituciones como la Fiscalía y organismos de inteligencia.

Los correos hallados mencionan a dos funcionarios, entre ellos el general Juan Manuel Huertas, jefe del Comando Personal del Ejército. En una carta presuntamente enviada el 8 de febrero de 2024, se lee: “CAMARADA, CON EL MUCHACHO QUE FUI YO ALLÁ HACE 8 DÍAS ESTUVIMOS EN BOGOTÁ HABLANDO CON UN GENERAL RETIRADO. EL HOMBRE ME DIO BUENA CONFIANZA Y NOS PROPUSO MONTAR UNA EMPRESA DE SEGURIDAD LEGAL”.

De acuerdo con esa comunicación, el general habría planteado un mecanismo para permitir la movilización en vehículos blindados y el acceso legal a armas. En la carta se lee: “El general propone que la montemos a partes iguales: él obtiene los permisos y nosotros ponemos los muchachos y las armas. Afirma que sería una buena inversión porque, si estos procesos llegan a fracasar, quedaríamos con hombres legalizados. Dice que la compañía no debe superar los 20 hombres; primero gestionaría permisos para pistolas y, después, los permisos necesarios para que podamos movernos con fusiles”.

Según información de inteligencia, la propuesta asumía que los procesos con el Gobierno no tendrían éxito. La carta también indica que el general habría ofrecido protección y apoyo en los desplazamientos del grupo:

“También nos dijo que su vínculo con el presidente le permitía movilizarlos sin que nadie los detuviera en ningún lugar”. Cabe recordar que Huertas fue retirado del cargo en 2024 por el general Enrique Zapateiro, pero fue reincorporado al servicio activo por el gobierno de Petro en un área encargada de coordinar y ordenar traslados dentro del Ejército.

Asimismo, la misiva hace referencia a su historial: “Dice que estos muchachos nos sirven para movilizar hombres y rutas donde se necesite beneficio. El general Huertas es un oficial retirado que demandó al Estado tras ser sacado del Ejército por negarse a acompañar a paramilitares en una ofensiva contra la guerrilla”.


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