El exdirector de la UNGRD señala que, en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno, se está sancionando a quien denunció los hechos mientras se protege a quienes buscaron encubrir la verdad.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y figura clave en la denuncia del escándalo de corrupción que involucra al Gobierno de Gustavo Petro, envió una carta a la Fiscalía General en la que manifiesta su preocupación por la falta de garantías y reconocimiento a su papel como colaborador en la investigación.
En el documento, López afirma que, a pesar de haber sido quien expuso los hechos más delicados del caso, hoy se siente relegado por la justicia. “Soy el último en recibir justicia, mientras quienes intentaron ocultar la verdad reciben beneficios”, expresó. Esta declaración surge luego de que un juez negara el aval a un preacuerdo penal en el que López aceptaba una condena de seis años y dos meses de prisión a cambio de su colaboración eficaz con las autoridades.
López se refirió de manera puntual al ex subdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y al abogado Édgar Riveros, acusados de intentar sobornar con 13.000 millones de pesos al testigo Sneyder Pinilla para que guardara silencio y no continuara con sus denuncias. Este intento de manipulación fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en septiembre de 2024, y estaría vinculado a presuntas irregularidades en contratos relacionados con Barreto, Pedro Rodríguez y César Manrique.
En su carta, López advierte que el mensaje que está transmitiendo el sistema judicial es profundamente preocupante. Según él, se está dando a entender que quien colabora de manera decisiva con la justicia, proporcionando información clave sobre los responsables de alto nivel, puede ser ignorado, dejado sin protección o incluso castigado con mayor severidad que aquellos que abusaron del poder o intentaron encubrir los hechos. “¿Cómo es posible —cuestiona— que se premie más a quien trató de ocultar la verdad que a quien tuvo el valor de revelarla?”, expresó.
El exfuncionario advierte que, sin su testimonio, los procesos judiciales contra altos cargos del Estado —incluidos ministros, congresistas, directores de entidades y contratistas— correrían el riesgo de quedar en la impunidad. “Negar el preacuerdo a un testigo clave equivale a enterrar institucionalmente la verdad más incómoda. Es, por omisión, una forma de proteger a quienes deben rendir cuentas”, señaló.
También recordó que fue él quien dio el primer paso al hacer pública la red de corrupción: “Fui el primero en mostrar el rostro, en aportar nombres, fechas, correos, documentos, rutas del dinero y estructuras de poder”, afirmó, y subrayó que su colaboración fue “esencial para fracturar una de las tramas corruptas más sofisticadas de los últimos años”.
Finalmente, López rechaza la afirmación del juez que calificó su pena de seis años y dos meses como demasiado indulgente. Resalta que, gracias a su testimonio, ya están tras las rejas expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, así como la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Además, señaló que otros exfuncionarios como Carlos Ramón González y César Manrique enfrentan procesos similares próximamente.
