Según explicó el ministro, el proyecto de ley se puso a disposición de los sectores sociales para su debate y para que estos decidan si lo impulsan oficialmente como comité promotor.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se refirió en Mañanas Blu al borrador del proyecto de ley que propone convocar una asamblea constituyente con el fin de reformar la Constitución de 1991. Antes de abordar su vuelo de regreso a Colombia desde China, el ministro explicó que la presentación de dicha iniciativa dependerá de una propuesta ciudadana, la cual requiere la recolección de cerca de tres millones de firmas.
Montealegre precisó que el proyecto fue entregado a los sectores sociales para que lo analicen, lo debatan y decidan si desean presentarlo formalmente, conformando así un comité promotor.
El borrador de ley y el requisito de las tres millones de firmas
Aunque el texto inicial fue redactado por el ministro de Justicia, la propuesta se considera una iniciativa que debe nacer desde la ciudadanía. El funcionario aclaró que su papel se limitó a presentar un borrador que funcione como herramienta de trabajo y punto de referencia para los sectores sociales. En caso de respaldar la idea, estos sectores serían los encargados de designar un comité promotor y un vocero que impulsen la reforma.
El ministro confirmó que el propósito central del proyecto es reformar la Constitución de 1991, aunque precisó que dicha reforma estaría sujeta a límites claros definidos en el documento. El principal de ellos establece que no podrán existir retrocesos en materia de derechos fundamentales ni sociales.
Según el borrador, la asamblea constituyente estaría integrada por 71 miembros, quienes sesionarían durante un período de tres meses. Uno de los aspectos más destacados del texto es que la asamblea no tendría restricciones en su agenda temática, lo que le otorgaría una amplia libertad para debatir y modificar distintos aspectos de la Carta Política.
Además de proponer la creación de la asamblea, el documento incluye una cláusula que otorga al presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses.