El 19 de septiembre, las autoridades reportaron la captura de dos militares y de una mujer identificada como Stephanie Salgado, quien se hacía pasar por capitán de la Policía. Los detenidos estarían implicados en un presunto plan de infiltración en unidades estratégicas de la Fuerza Pública y en zonas aledañas al Palacio de Nariño.

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó en una entrevista con Mañanas Blu que cuatro personas fueron capturadas por su presunta participación en un plan de infiltración dentro del esquema de seguridad presidencial. Entre los detenidos se encuentran dos militares en activo, un oficial superior, un suboficial y una mujer que se hizo pasar por capitán de la Policía Nacional.
La investigación reveló que estos individuos lograron acceder a áreas sensibles, como la Dirección de Protección de la Policía y el Batallón Guardia Presidencial, lo que generó inquietud respecto a la fortaleza de los protocolos de seguridad alrededor del jefe de Estado.
“Proteger al señor Presidente, a su familia y a los altos dignatarios es una de nuestras principales prioridades en materia de seguridad. Aunque este incidente fue grave y delicado, la seguridad del mandatario no se vio comprometida”, afirmó el ministro Sánchez.
¿Qué tan cerca estuvo el riesgo para el presidente Petro?
Según el ministro de Defensa, la infiltración ocurrió en el tercer anillo de seguridad, una zona alejada del contacto directo con el mandatario. En ese perímetro opera el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5 (Bafur 5), una unidad fundamental encargada de labores perimetrales y de respuesta rápida.
El ministro puntualizó que, aunque la situación fue seria, no hubo una amenaza directa contra Gustavo Petro.
“Con la información disponible, la seguridad del Presidente no se vio comprometida, pero sin duda fue un hecho muy delicado. No podemos permitirnos bajar la guardia”, enfatizó.
La controvertida versión sobre la infiltrada
La detención que ha suscitado mayor controversia es la de Luisa Fernanda Salgado, acusada de hacerse pasar por capitán de la Policía. No obstante, la defensa del mayor Pedro Nel Jiménez presenta una versión diferente sobre el caso.
El abogado Fernando Vargas afirmó que Luisa Fernanda Salgado no es una impostora, sino una colaboradora de inteligencia que proporcionaba información sobre el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional de origen venezolano.
“Muchos de los uniformados que hoy la señalan la conocían como informante. Sus accesos a las instalaciones militares se realizaron en el marco de esa labor. Con su detención, al igual que la del mayor y el sargento, se paralizan operaciones clave contra el Tren de Aragua”, advirtió Vargas.
Sin embargo, la Fiscalía la imputó por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico de armas, en un caso que aún permanece bajo reserva.
Trayectorias militares bajo escrutinio
Entre los detenidos se encuentra el mayor Pedro Nel Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales N.º 5. Su historial profesional reflejaba una carrera sin antecedentes de investigaciones internas y figuraba en la lista de oficiales próximos a ser ascendidos dentro de la institución.
Según su defensa, este proceso judicial no solo ha truncado su carrera militar, sino que además lo obligaría a buscar refugio fuera del país junto a su esposa e hijos, debido a las amenazas recibidas por parte del Tren de Aragua.
El otro detenido es un sargento con 14 años de servicio, también vinculado al Bafur 5 y al tercer anillo de seguridad presidencial.
“El personal de esta unidad debe cumplir con los más altos estándares éticos. Por eso se ha procedido a remover a varios integrantes que no garantizaban la confianza necesaria”, explicó el ministro Sánchez.
Repercusiones tras la infiltración
Luego de detectarse la infiltración, se implementaron reestructuraciones internas en el personal y se intensificaron las pruebas de confiabilidad dentro de la unidad militar. Aunque por razones de seguridad no se divulgaron todos los detalles, se confirmó que al menos 22 uniformados fueron apartados de sus funciones en el tercer anillo de seguridad presidencial.
El ministro defendió la necesidad de manejar con reserva este tipo de situaciones:
“Las investigaciones de inteligencia no se pueden divulgar como si se estuviera comentando un partido de fútbol. La confidencialidad es esencial para proteger el desarrollo de las operaciones”, subrayó.