El Ministerio de Ambiente señaló que busca una justificación técnica que permita asegurar la viabilidad de las medidas de protección para el páramo de Santurbán.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una apelación contra la reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos. La intención, según la cartera, es garantizar que las órdenes emitidas en el fallo sean claras, viables y efectivas para proteger este ecosistema estratégico.
La ministra encargada, Irene Vélez Torres, calificó la decisión del tribunal como un hito para la jurisprudencia ambiental en Colombia y un logro importante para el movimiento ambientalista. No obstante, aclaró que la apelación no busca impugnar la esencia del fallo, sino reforzarlo desde una perspectiva técnica.
“Esta sentencia representa un reconocimiento fundamental a la defensa del agua, la vida y la dignidad de nuestros ecosistemas. La celebramos, pero también queremos asegurar que sus disposiciones puedan ser implementadas con claridad y efectividad. La apelación es un mecanismo complementario que nos permite avanzar con responsabilidad y rigor en la protección del páramo de Santurbán”, expresó Vélez.
El Ministerio de Ambiente explicó, a través de un comunicado, que la apelación fue interpuesta luego de agotar la figura de aclaración, ya que el Tribunal indicó que los aspectos técnicos planteados no podían resolverse mediante ese mecanismo procesal.
Con este recurso, la cartera busca alinear las órdenes judiciales con los instrumentos actuales de planificación territorial y las metodologías ambientales, con el fin de evitar ambigüedades o dificultades en su cumplimiento.
Uno de los puntos centrales de la apelación es la solicitud de precisar el alcance de la representación legal del páramo, aclarando que esta no debe extenderse a categorías no definidas por la normativa ambiental, como las denominadas zonas de transición o amortiguación.
Asimismo, el Ministerio propone que las medidas ordenadas se integren con los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), las áreas protegidas existentes y la Zona de Reserva de Recursos Naturales declarada en 2025.
Del mismo modo, el Ministerio solicita que cualquier limitación relacionada con actividades económicas se ajuste a lo dispuesto en la Ley 1930 de 2018 sobre la protección de los páramos, y que las disposiciones en materia de licenciamiento ambiental no se entiendan como una suspensión automática de las licencias actualmente vigentes.
Además, plantea la necesidad de incluir a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el proceso, y de asegurar tanto plazos viables para la implementación de las medidas como una participación ciudadana efectiva.
“El páramo de Santurbán cuenta con su propia voz a partir de ahora. Desde el Ministerio, asumimos la responsabilidad de protegerlo con el respaldo de la ley y con un firme compromiso político hacia el territorio”, reiteró Vélez.
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