Dos documentos de la Fiscalía, obtenidos en exclusiva por Mañanas Blu 10:30 A.M., revelan que, en contraste con lo que ha declarado públicamente Luz Adriana Camargo, la fiscal general sí estaría ejerciendo influencia y tomando decisiones en el caso, pese a que formalmente está en manos de otras fiscales.
La objetividad e imparcialidad de la fiscal general Luz Adriana Camargo ha sido cuestionada por varias personas involucradas en el caso de la UNGRD. Entre ellas se encuentra Sandra Ortiz, quien ha manifestado en distintos espacios que no ha recibido las garantías ni los derechos procesales correspondientes por parte del ente acusador.
Otra voz crítica es la del abogado Pablo Bustos, representante de las víctimas en el proceso, quien el pasado 4 de mayo presentó una recusación contra Camargo. En su solicitud, argumentó que la fiscal general mantiene vínculos directos con personas clave involucradas en un caso de alto impacto para el actual Gobierno. En concreto, se refirió a Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia durante este mandato.
Camargo respondió a la recusación el 13 de mayo a través de un documento de siete páginas, en el que rechazó la solicitud. Entre sus argumentos, destacó que las fiscales a cargo del proceso, incluida María Cristina Patiño —fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia—, actúan con plena independencia y autonomía en el desarrollo de la investigación.
En el documento citado, la fiscal general Luz Adriana Camargo insiste en que no ejerce influencia directa sobre el caso, como lo expresa en el siguiente fragmento:
“En conclusión, no soy yo quien dirige la investigación contra Ortiz Nova. Por el contrario, se emitió una resolución que asigna el caso a dos Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, junto con la fiscalía que ya tenía conocimiento previo del proceso. Por tanto, cualquier determinación, incluida la posibilidad de aplicar mecanismos de terminación anticipada, recae exclusivamente en la autonomía de esos fiscales.”
¿Tiene o no influencia Luz Adriana Camargo en este caso?
Una resolución emitida en respuesta a una solicitud de protección para las hijas de Sandra Ortiz podría ser un indicio claro de que la fiscal general sí estaría interviniendo en el proceso que involucra a la exconsejera presidencial.
El documento, que niega el esquema de protección solicitado, fue firmado por Juana Marcela Cárdenas, jefe encargada del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía. En la tercera página del texto, se cita a la fiscal del caso con la siguiente afirmación: “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica fue una matriz de colaboración, en la que se detalla la información que ofrecería a la Fiscalía en el marco de un eventual principio de oportunidad, el cual estaba en proceso de negociación y pendiente de la autorización de la señora fiscal general de la Nación.”
La resolución explica por qué, según la Fiscalía, Ortiz y su familia no cumplen con los requisitos para recibir protección especial, señalando, entre otras razones, que no presentan un “alto perfil de riesgo”. Sin embargo, lo más revelador del documento es que expone que la aprobación del principio de oportunidad —clave en el caso— depende directamente de Luz Adriana Camargo, lo que pondría en duda su supuesta falta de intervención en este proceso.
