Expertos señalan que las disposiciones fiscales podrían aumentar el costo de la energía, desalentar iniciativas sostenibles y obstaculizar el desarrollo de la movilidad limpia en Colombia.
La nueva ley de financiamiento promovida por el Gobierno nacional ha despertado inquietud en distintos sectores debido a los posibles efectos adversos sobre el sector energético, la sostenibilidad ambiental y la economía de los hogares colombianos.
Entre las disposiciones planteadas se contempla un impuesto del 1 % sobre la extracción de combustibles fósiles, así como un tributo progresivo aplicado a la gasolina. Adicionalmente, se prevé un aumento en el precio de los biocombustibles, especialmente del etanol, lo cual impactaría tanto a consumidores como a productores.
Paralelamente, el Ejecutivo estudia la expedición de un decreto que implicaría un alza del 20 % en las tarifas eléctricas para el sector industrial, afectando directamente a las empresas generadoras. De acuerdo con analistas, este paquete de medidas podría enviar “mensajes desalentadores para la creación de nuevos proyectos y la ampliación de los ya existentes”.
Así lo advirtió Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana e investigador en energía y sostenibilidad, quien señaló que “al restringir la oferta energética, se genera un desequilibrio: la demanda sigue creciendo, pero la capacidad de suministro se ve limitada. Esto provoca un déficit entre la energía requerida y la disponible, lo que inevitablemente se traduce en un aumento del costo por kilovatio-hora (kWh), que terminarán asumiendo los ciudadanos”.
Otro aspecto preocupante es la falta de incentivos para los vehículos híbridos en la normativa. Aunque no son completamente eléctricos, estos automóviles pueden reducir las emisiones hasta en un 40 % en comparación con los motores de combustión interna. En países donde se ha promovido su adopción, los beneficios han sido evidentes en términos de reducción de la contaminación y mejora en la calidad del aire.
Sin embargo, la formulación actual de la ley podría llevar a que los consumidores prefieran vehículos a diésel, debido a su menor precio frente a los híbridos o los de gasolina, lo que representaría un retroceso en las metas de descarbonización del país.