A través de esta tutela, se pretendía que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se retractara de sus declaraciones en las que relaciona a la congresista con estructuras criminales del Valle de Aburrá.
No habrá retractación: un juzgado de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por la senadora Isabel Zuleta, con la que buscaba que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se retractara de sus declaraciones en las que la vinculaba con bandas delincuenciales del Valle de Aburrá.
La más reciente confrontación entre el alcalde y la congresista del Pacto Histórico se definió luego de que el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negara la acción de tutela, mediante la cual Zuleta pretendía proteger su honra y buen nombre.
La senadora había denunciado que fue estigmatizada por el mandatario local a través de publicaciones en redes sociales y declaraciones en medios de comunicación, en las que, según ella, se le atribuyó una presunta intervención en operativos de la Fuerza Pública, así como supuestos vínculos con estructuras criminales que actualmente negocian con el Gobierno nacional desde la cárcel de Itagüí.
Fue el propio alcalde Federico Gutiérrez quien, en una entrevista concedida a Blu Radio, afirmó que la senadora Isabel Zuleta habría intervenido para evitar la captura de alias ‘Yordi’, cabecilla de la estructura criminal La Terraza. Ante estas declaraciones, la congresista negó rotundamente cualquier vinculación y calificó las acusaciones como infundadas, razón por la cual solicitaba una retractación pública por parte del mandatario.
La polémica se intensificó tras el denominado ‘tarimazo’ en Medellín, donde Zuleta jugó un papel clave al facilitar la salida de cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá para participar en el evento. En repetidas ocasiones, Gutiérrez se refirió públicamente a la congresista, describiéndola como “la más peligrosa” y asociándola con los “aliados criminales de Petro”.
Pese a los señalamientos, la defensa del alcalde argumentó que sus declaraciones están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Finalmente, el juzgado decidió declarar improcedente la tutela, considerando que la controversia podía ser abordada mediante otros mecanismos legales, como denuncias por injuria o calumnia, o acciones ante la Procuraduría General de la Nación.
COMPARTIR