Según la Fiscalía, entre los implicados se encuentran funcionarios públicos acusados de violar la ley al alterar la titularidad y el uso de varios predios con el fin de beneficiar a terceros.
Este viernes continuaron las audiencias preliminares contra los 16 detenidos por el presunto despojo de tierras en el departamento del Atlántico. Durante la diligencia, la fiscal del caso logró avanzar en la imputación de cargos a los involucrados, entre quienes se encuentran notarios, registradores, así como actuales y antiguos funcionarios públicos.
La fiscal presentó uno a uno los hechos que darían cuenta de posibles actos de corrupción y conductas delictivas, destacando, entre otros aspectos, “la posesión y despojo de tierras mediante procesos de pertenencia”, así como la venta irregular de predios que habían sido cedidos por constructoras al municipio de Soledad para uso como zonas verdes, pero que terminaron en manos privadas.
La representante del ente acusador recalcó que los implicados actuaron en contravía de la ley, siendo plenamente conscientes de la ilegalidad de sus acciones.
“Tenían pleno conocimiento de que sus acciones eran ilegales y, aun así, no actuaron conforme a la ley. Por el contrario, cada uno —desde su rol como inspector, registrador, calificador, notario o particular— contribuyó a desvirtuar el uso legítimo de los predios, alterar su titularidad y ejecutar un plan delictivo enfocado en la urbanización ilegal y la posterior venta de esos terrenos, cuyo único afectado es el municipio de Soledad“, señaló la fiscal.
La Fiscalía imputó a los capturados varios delitos, entre ellos peculado por apropiación, prevaricato por acción, concierto para delinquir contra la administración pública, falsedad material en documento público con agravante por uso, urbanización ilegal, invasión de tierras y estafa agravada.