Aunque los Planes Departamentales de Agua fueron diseñados como una estrategia para disminuir las desigualdades en el acceso al agua potable y al saneamiento básico, diversos informes muestran que no se han logrado los resultados esperados.
La Contraloría General de la República informó sobre serias deficiencias en la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA), tras realizar auditorías de cumplimiento durante el primer semestre de 2025 en los departamentos de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre.
El organismo de control detectó 14 hallazgos fiscales que superan los $14.290 millones, los cuales se suman a los $259.460 millones acumulados en hallazgos desde 2020, año en que se creó la Contraloría delegada para el sector de vivienda y saneamiento básico.
Aunque los Planes Departamentales de Agua (PDA) fueron creados como una iniciativa estatal para disminuir las desigualdades en el acceso al agua potable y al saneamiento básico, los informes indican que sus metas no se han cumplido.
Los hallazgos revelan deficiencias estructurales en la planificación, contratación y supervisión de los proyectos. En Antioquia, se identificaron irregularidades que superan los $8.700 millones, con obras inconclusas en municipios como Nechí y Anzá, que no garantizan el suministro de agua potable a pesar de las inversiones millonarias realizadas.
En Santander, el detrimento económico supera los $2.200 millones, destacándose el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales en Curití, que presenta daños estructurales, así como equipos sin instalar en Florián.
En Bolívar, un hallazgo por $1.433 millones revela que la ampliación del sistema de alcantarillado en San Cristóbal no está en funcionamiento, pese a haber sido recepcionada y liquidada formalmente. En Guainía, con hallazgos por $1.455 millones, la Contraloría detectó pagos sin respaldo y contratos sin finalizar. De manera similar, en Sucre y Guaviare se reportaron hallazgos que suman más de $400 millones.
El informe revela una crisis en la ejecución del modelo. Aunque la cobertura de acueducto en áreas urbanas supera el 92 %, en las zonas rurales apenas alcanza el 43,38 %, lo que deja a más de 10 millones de colombianos sin acceso a un servicio formal y seguro.
La situación del alcantarillado es aún más preocupante, ya que la cobertura en áreas rurales no supera el 16 %.
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