La medida abarcará 16 municipios del departamento de Norte de Santander, incluyendo los once del Catatumbo impactados por los enfrentamientos.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia presentó un plan cuyo principal objetivo es proteger las tierras de las comunidades desplazadas y facilitar su regreso seguro al Catatumbo, una región golpeada por la violencia guerrillera, que ha dejado entre 60 y 80 muertos y más de 50.000 desplazados en las últimas semanas.
El ‘Plan Catatumbo’ consta de cinco componentes: formalización de tierras, apoyo en la transformación de cultivos de uso ilícito, reconocimiento de territorios forestales, creación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) —con el fin de promover y estabilizar la economía campesina, y superar las causas de los conflictos sociales que las afectan— y las llamadas ‘Fincas para la paz’.
La ANT detalló hoy en un comunicado que la iniciativa se llevará a cabo bajo el marco de la conmoción interior decretada la semana pasada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, y que tendrá una duración de 90 días.
La medida abarcará 16 municipios del departamento de Norte de Santander, incluidos los once del Catatumbo afectados por los enfrentamientos, así como Cúcuta, la capital departamental, y dos municipios del departamento del Cesar que están recibiendo desplazados.
Desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo han dejado entre 60 y 80 muertos, según los informes de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que la cifra de desplazados supera las 50.000 personas.
Detalles de la iniciativa
El ‘Plan Catatumbo’ tiene como uno de sus objetivos acelerar la formalización de 30.000 hectáreas. Según la ANT, esto se logrará mediante intervenciones en el ordenamiento social de la propiedad, abordando temas de titularidad, tenencia y ocupación de tierras.
Además, la entidad se compromete a apoyar la transformación de economías ilícitas, formalizando 1.500 hectáreas con cultivos de coca, a través de acuerdos para la sustitución de cultivos.
“Esta región tiene un alto grado de informalidad. Garantizar la seguridad jurídica es mitigar los efectos de la violencia y transformar la vocación productiva del territorio”, afirmó Felipe Harman, director de la ANT, en un comunicado de su despacho.
El Plan también incluye un componente en el que la ANT ya venía trabajando junto con las organizaciones sociales: la constitución de la Zona de Reserva Campesina. Este proyecto abarcará 59.000 hectáreas, beneficiando a 61 caseríos en los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén.
Otro componente importante se refiere al reconocimiento y al adecuado aprovechamiento y conservación de áreas ecológicas. Se destinarán 5.000 hectáreas para que los campesinos actúen como “guardianes de la conservación de las áreas de reserva forestales”.
Finalmente, con el programa ‘Fincas para la paz’, se busca adquirir 3.500 hectáreas a través de ofertas voluntarias, las cuales serán entregadas a asociaciones campesinas y organizaciones sociales. Estas tierras se utilizarán para desarrollar sistemas productivos y servirán como albergues humanitarios.