Aunque la figura del fiscal de apoyo es legal y puede ser asignada en casos especiales, varios juristas consultados por este medio consideran sospechoso que se haya designado justo en este momento y en el contexto de una de las investigaciones más delicadas e importantes que enfrenta la Fiscalía, relacionada con el hijo del presidente Gustavo Petro.
Mañanas Blu 10:30 am tuvo acceso a una resolución de la Fiscalía que asigna a Lucy Marcela Laborde, quien lleva la investigación por lavado de activos contra Nicolás Petro, una fiscal de apoyo encargada de “asesorar, orientar y brindar soporte jurídico en el caso”.
Esto significa que a la fiscal principal se le ha sumado un funcionario de igual rango, con todas las facultades para revisar el expediente en detalle e incluso para reemplazarla en audiencias en caso de ausencia. La resolución No. 33, fechada el 8 de septiembre, está firmada por Aura Trujillo, delegada para finanzas criminales de la Fiscalía.
Aunque la figura del fiscal de apoyo es legal y habitual en situaciones especiales, varios juristas consultados por este medio consideran sospechosa la asignación en este momento, dada la sensibilidad y relevancia de la investigación que involucra al hijo del presidente Gustavo Petro.
En primer lugar, la resolución fue firmada el mismo día en que se anunció formalmente la segunda imputación contra Nicolás Petro. En esta ocasión, una fiscal con sede en Barranquilla lo acusará por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Lo que más impacto causó en las oficinas de mayor influencia de la Fiscalía fue que esta imputación incluye una medida de aseguramiento.
En segundo lugar, consultando con expertos en derecho penal y personas que han trabajado en la Fiscalía, Mañanas Blu 10:30 a.m. recibió la explicación de que el fiscal de apoyo suele ser solicitado por el investigador principal cuando la carga de trabajo es excesiva. Esta petición es formal y generalmente precedida por reuniones técnicas.
Sin embargo, en este caso nada de eso ocurrió. Este medio confirmó que la fiscal Laborde nunca solicitó un fiscal de apoyo, como aparece reflejado en la resolución.
Además, este no es un caso que involucre una red criminal compleja ni una estructura sistemática como las investigaciones sobre la UNGRD o el Ocad-Paz. Se trata de hechos puntuales en torno a una persona que, presuntamente, no ha podido justificar el origen de su patrimonio.
En resumen, la fiscal encargada de investigar al hijo del presidente ahora tiene en su equipo a otra funcionaria de su mismo nivel jerárquico, asignada sin haber sido solicitada, y con la facultad —según la resolución— de “orientar el caso”.
Esto plantea preguntas clave: ¿Qué implica realmente “orientar” una investigación? ¿Qué tipo de influencia puede ejercer alguien externo a un caso que fue delegado directamente a una fiscal, y que responde a la fiscal general de la Nación? En la práctica, se le ha asignado a la fiscal titular una figura que, aunque no fue requerida ni necesaria, actúa como una especie de “observador interno” con funciones de control y supervisión sobre su labor.
Un exfiscal consultado por este medio, que pidió mantener su identidad en reserva, advirtió que “esta es una manera de intervenir en la autonomía funcional sin provocar un conflicto institucional ni atraer la atención mediática”.
