Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que la administración de Donald Trump está informada sobre el asunto.
El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló que en los computadores, USB y celulares incautados a alias ‘Calarcá’ en julio de 2024 se hallaba información sobre una presunta relación entre disidencias y altos funcionarios del Estado, ahora tiene repercusiones internacionales.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el Gobierno de Donald Trump está al tanto de la información y subrayó la necesidad de que el Gobierno colombiano y las entidades de control aceleren las investigaciones para esclarecer los hechos.
“Estamos al tanto de informes que señalan vínculos entre altos funcionarios de la Administración Petro y disidentes de las FARC (Organización Terrorista Extranjera). Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones y a tomar las medidas pertinentes”, declaró el portavoz a periodistas en la Casa Blanca.
El proyecto de Paz Total y la expansión de grupos ilegales en Colombia han estado bajo el escrutinio de la administración Trump. Factores como el deterioro de la seguridad, el incremento de los cultivos de hoja de coca y las supuestas conexiones con narcotraficantes se han señalado como algunos de los motivos que han llevado a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton y a la atención internacional sobre la situación del país.
Otra de las preocupaciones de Estados Unidos ha sido la negativa del Gobierno colombiano a avalar la extradición de narcotraficantes como alias ‘Araña’, líder de los Comandos de Frontera; alias ‘HH’, comandante de Comuneros del Sur; y Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, cuyo controvertido tratamiento por parte de las autoridades también fue revelado por Noticias Caracol.
Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, según la Unidad Investigativa, permaneció 55 días bajo protección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá. Durante ese tiempo no fue trasladado a la cárcel La Picota, pese a contar con órdenes de captura y a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) justificó la custodia de “Mocho Olmedo” alegando “motivos de seguridad nacional” y defendió que se trataba de proteger a una “fuente humana”. No obstante, la situación generó fuertes críticas, ya que no existía una orden judicial que autorizara su permanencia en ese lugar ni un registro oficial de su paradero durante las ocho semanas.
Ante la irregularidad, la Corte Suprema de Justicia intervino y solicitó explicaciones a la Fiscalía. Finalmente, el 8 de abril de 2025, la DNI entregó a “Mocho Olmedo” a la Fiscalía, y el detenido fue trasladado a la cárcel La Picota.
