El exfuncionario sugirió que detrás de la decisión podría haber un trasfondo político, señalando que “definitivamente está muy relacionado con las diferencias entre el presidente Petro y el expresidente Trump”.
La confirmación de la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas ha generado reacciones diversas en el ámbito de las relaciones bilaterales. Este lunes 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro fue quien hizo pública la decisión, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambas naciones.
“Hoy debo anunciar una realidad: Estados Unidos nos descertifica, pese a las decenas de muertes, incluidos policías, soldados y ciudadanos que han intentado frenar el paso de la cocaína”, expresó Petro.
Poco después, la Casa Blanca publicó un comunicado oficial en el que ratificó la medida, aunque aclaró que, por razones de interés nacional, no se suspenderá completamente la asistencia que recibe Colombia. Además, se indicó que se establecerán ciertas condiciones para continuar la cooperación.
Juan González, exconsejero de seguridad de Estados Unidos para el hemisferio occidental y figura influyente en la administración del expresidente Joe Biden, se pronunció sobre el tema en una entrevista con Recap Blu, donde explicó el alcance de esta medida.
González señaló que la certificación es un procedimiento anual que Estados Unidos implementa desde 1986, en el cual evalúa los esfuerzos antidrogas de alrededor de veinte países productores. Aunque el presidente Gustavo Petro fue quien dio a conocer la decisión públicamente, el exfuncionario aclaró que es habitual que la Embajada de EE.UU. informe previamente al gobierno implicado antes de que se haga el anuncio oficial.
González advirtió que, en un escenario sin exención, las implicaciones de una descertificación serían “amplias y, en realidad, un desacierto”. Explicó que la legislación de Estados Unidos obligaría a imponer restricciones en la asistencia que se brinda al país afectado.
“Estados Unidos aporta entre 400 y 500 millones de dólares en apoyo a Colombia”, destacó González, quien también advirtió que el país podría verse obligado a votar en contra de ciertos créditos en organismos financieros multilaterales.
No obstante, subrayó que la clave está en la “exención por interés nacional”, una herramienta que, según dijo, se aplica con frecuencia en el caso de aliados estratégicos. La confirmación de que la descertificación viene acompañada de condiciones y no implica un recorte inmediato en la ayuda sugiere que dicha exención fue efectivamente utilizada.
González recalcó que “no aplicar la exención sería un error”, ya que su omisión afectaría directamente la capacidad operativa de Estados Unidos para brindar apoyo.
Este respaldo abarca, según explicó, “la erradicación de cultivos ilícitos, incautaciones de droga, apoyo a la Policía Nacional, asistencia a los fiscales y cooperación en inteligencia”. Advirtió que suspender esta ayuda no solo afectaría las acciones dentro de Colombia, sino que también debilitaría los esfuerzos por frenar el ingreso de cocaína a territorio estadounidense.
Un “tiro en el pie” estratégico que se logró evitar
Juan González señaló que un recorte total de la ayuda por parte de Estados Unidos habría representado un serio revés para ambas naciones, calificándolo como un “tiro en el pie” en términos de política exterior.
“Nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos en la política estadounidense hacia Colombia”, afirmó, recordando que el cultivo de coca en el país suramericano tiene como destino principal el mercado estadounidense.
La decisión de mantener la cooperación, aunque sujeta a condiciones, permitió evitar una suspensión inmediata de la asistencia. Sin embargo, González advirtió que “ese tipo de ayuda no se enciende o apaga como una luz”. Si se interrumpiera, el impacto sería duradero, afectando no solo al gobierno actual, sino también a la próxima administración. “El siguiente presidente o presidenta llegaría con una mano atada a la espalda”, dijo.
También reconoció que hay un componente político detrás de la medida, aludiendo a los desacuerdos evidentes entre los presidentes Petro y Trump. A diferencia de la era Biden, cuando se privilegiaba la cooperación a pesar de las diferencias ideológicas, la actual administración podría estar dejando que el distanciamiento político pese más en la relación bilateral. Esto, señaló, puede derivar en una “falta de comunicación y entendimiento”.
Aunque la descertificación tiene una vigencia técnica de un año, González explicó que podría revisarse si Colombia muestra avances claros en su cooperación antidrogas. No obstante, advirtió que reactivar completamente los programas congelados tomaría meses, incluso un año, lo que —a su juicio— representaría “una falta de visión estratégica” si no se aplicara la exención desde el principio.