La Defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que el Cauca continúa siendo un foco del reclutamiento infantil y pidió redoblar esfuerzos para implementar el Pacto Cauca sin interrupciones.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre la difícil situación que atraviesa el departamento del Cauca, una región que, pese a su riqueza natural y diversidad cultural, continúa siendo escenario de serias violaciones a los derechos humanos.
En entrevista con El Radar, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el informe “Cauca, voces que resisten 2024-2025”, un documento de 124 páginas que examina las raíces de la violencia en el departamento y plantea acciones estructurales para enfrentarla.
“El Cauca es una de las regiones más críticas del país”, señaló Marín. “Allí convergen todos los actores armados: disidencias de las Farc, ELN, Segunda Marquetalia y grupos de criminalidad organizada que se disputan las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal”.
Según explicó, la ubicación geográfica del departamento —con salida al Pacífico y proximidad a la frontera con Ecuador— lo convierte en un punto estratégico para las redes del tráfico ilegal.
El informe resalta que la concentración de la tierra sigue siendo uno de los principales factores que alimentan la violencia en el Cauca. “El índice Gini de propiedad rural en el departamento es de los más altos del país. Esta desigualdad estructural lleva a que muchas comunidades vean en las economías ilícitas una alternativa ante la ausencia de desarrollo integral”, señaló Marín.
La diversidad cultural del Cauca también representa un reto en medio de la crisis. En el territorio conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, cuya coexistencia, según la defensora del Pueblo, “es una riqueza y no una causa directa de violencia”. No obstante, Marín reconoció que la falta de soluciones efectivas a los conflictos por la tierra ha generado un escenario que los grupos armados aprovechan ante la ausencia del Estado.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el reclutamiento forzado de menores. “El Cauca continúa siendo el departamento con mayor incidencia de reclutamiento infantil en Colombia. Cerca del 40 % de las víctimas son niñas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes”, advirtió Marín. Aunque el porcentaje nacional del Cauca muestra una leve reducción, esto —aclaró— no obedece a una mejora real, sino al aumento de casos en otras regiones del país.
En materia de soluciones, la Defensoría del Pueblo propone reforzar los entornos protectores de la niñez, mejorar el transporte escolar en zonas rurales y garantizar la seguridad en las instituciones educativas, algunas de las cuales han sido utilizadas por grupos armados para el reclutamiento de menores. El informe también recomienda avanzar en procesos de desminado, restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos.
Marín destacó la necesidad de poner en marcha de forma efectiva el recién adoptado “Pacto Cauca”, un acuerdo que busca articular los esfuerzos del Estado, la cooperación internacional y el sector privado. “El Cauca necesita la unión de todos los sectores. No podemos permitir que cada cambio de gobierno implique comenzar de nuevo. Este pacto representa una oportunidad real para atacar las raíces de la violencia”, afirmó la defensora del Pueblo.