La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la identidad de la víctima no tuvo relación alguna con la causa de su muerte.
La defensa de la familia de Sara Millerey, una mujer trans que fue víctima de tortura y asesinato en el municipio de Bello, solicitó que los responsables del crimen sean procesados por feminicidio. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación argumentó que la muerte no estuvo relacionada con la identidad de género de la víctima.
El caso avanza en medio de una audiencia judicial, en la que recientemente los representantes legales de la familia de Sara Millerey González Borja pidieron a la fiscal encargada que se reclasifique el delito como feminicidio, en lugar de homicidio agravado.
Hasta ahora, las autoridades han capturado a dos personas presuntamente involucradas en el crimen ocurrido el pasado 4 de abril: Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’, y Juan David Echavarría Zapata, alias ‘Chuky’. Ambos fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura, en el marco de la investigación por el brutal asesinato.
No obstante, durante una audiencia, el abogado de la familia de la mujer trans solicitó a la Fiscalía General de la Nación que reconsiderara la calificación jurídica del caso y que los dos acusados fueran procesados por el delito de feminicidio agravado.
“Solicitamos que la Fiscalía, con base en los hechos presentados durante la audiencia de imputación, evalúe la posibilidad de modificar la tipificación del delito de homicidio agravado y lo reclasifique como feminicidio agravado”, expresó.
La defensa no se limitó a pedir la reclasificación del delito, sino que también presentó una solicitud adicional en la que pidió a la fiscal del caso contemplar la inclusión del cargo de secuestro. Según la familia de Sara Millerey González Borja, ella habría sido privada de su libertad en contra de su voluntad antes de ser salvajemente golpeada.
No obstante, la fiscal del caso fue enfática al sostener que el asesinato de la mujer trans no estuvo relacionado con su identidad de género, sino con presuntas extorsiones. Según su versión, la víctima exigía dinero y amenazaba a quienes no cumplían con los pagos, motivo por el cual —aseguró— no podría tipificarse el crimen como feminicidio.
“El crimen ocurrió por una razón específica y no por una condición relacionada con el género, como lo plantea el representante de las víctimas en esta audiencia. Al menos por ahora, la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para modificar la calificación jurídica del caso”, afirmó el fiscal.
Hasta el momento, se ha establecido que el juicio oral contra los dos detenidos se llevará a cabo en enero de 2026. Las autoridades confían en que, para esa fecha, podrán vincular formalmente al proceso a por lo menos tres personas más que también habrían participado en el brutal asesinato de Sara Millerey González Borja.