La orden presidencial de coordinar las Fuerzas Militares de Colombia con las de Nicolás Maduro genera preocupaciones sobre posibles violaciones legales, riesgos para la soberanía nacional y la vulnerabilidad de información estratégica frente a un régimen acusado de respaldar grupos armados ilegales.
Durante el consejo de ministros del 29 de septiembre, el presidente Gustavo Petro instruyó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a avanzar en la coordinación entre las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela, incluyendo el intercambio de información de inteligencia.
“Ministro de Defensa, sin miedo, debemos articular la inteligencia y las acciones entre las Fuerzas Militares venezolanas y las nuestras. Es complicado, pero esencial para mejorar aún más esta relación”, afirmó Petro durante la reunión con su gabinete.
La declaración generó preocupación inmediata en los sectores de seguridad y defensa, ya que colaborar en inteligencia con un régimen señalado por sus vínculos con grupos armados ilegales y narcotráfico podría poner en riesgo la seguridad nacional y alejar a Colombia de sus aliados internacionales.
Peligros de legitimación y deterioro de la confianza internacional
El coronel retirado Carlos Soler, experto en defensa, señaló que la medida implica una contradicción en la política exterior y un riesgo estratégico. “No se pueden establecer acuerdos bilaterales con gobiernos que no se reconocen oficialmente, ya que esto equivale a otorgarles legitimidad”, advirtió.
De acuerdo con el oficial retirado, más de 50 países miembros de la ONU no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo, lo que hace que cualquier tipo de colaboración sea vista como un respaldo indirecto a su régimen.
Soler también señaló que Venezuela ha servido como refugio para las disidencias de las Farc y el ELN durante más de diez años, y que su estructura estatal está fuertemente influenciada por el narcotráfico. “Al compartir inteligencia, estaríamos exponiendo la ubicación de nuestros aviones, radares, plataformas y sistemas de defensa a un actor poco confiable. Esto podría aislarnos de aliados con quienes hemos trabajado durante tres décadas, como Estados Unidos, Israel y Reino Unido, quienes no estarían dispuestos a arriesgar que su información termine en manos del gobierno venezolano”, explicó.
El oficial retirado advirtió además que esta acción podría ocasionar que altos oficiales militares colombianos sean objeto de sanciones personales, incluyendo la imposición de restricciones en sus visas estadounidenses, debido a su colaboración con un país considerado aliado del narcotráfico.
“Incumplimiento de la ley de inteligencia”
En consonancia con esta postura, Manfred Grautoff, consultor y especialista en seguridad nacional, describió la orden como “completamente inapropiada”.
“No podemos compartir información con un país que históricamente ha mostrado hostilidad hacia Colombia. Esto constituye una violación a la Ley de Inteligencia, que es una norma tanto estatutaria como constitucional que prohíbe estas acciones”, afirmó.
Grautoff también recordó que Venezuela no solo ha sido refugio de grupos insurgentes colombianos, sino que además enfrenta sanciones y presión internacional. “Actualmente, es un país bloqueado por Estados Unidos y existe el riesgo de una intervención militar. En este escenario, entregar información estratégica a ese régimen resulta, sin duda, una grave irresponsabilidad”.
Riesgos constitucionales y vulnerabilidad crítica
Ernesto Borda, director de la consultora Trust y analista político, advirtió que la orden presidencial podría constituir una violación a la Constitución. “Sin un protocolo estricto y establecido claramente, esta medida infringe la Carta Política y pone al país en un riesgo muy alto. Estaríamos entregando información sensible a un régimen dictatorial que además está aliado con el crimen organizado colombiano”, subrayó.
Borda identificó cinco riesgos principales asociados a esta cooperación:
- Exposición extrema frente a un posible adversario.
- Pérdida de ventaja estratégica al revelar planes militares.
- Suministro de información sobre enemigos comunes que, a su vez, son aliados del régimen venezolano.
- Posible utilización política de la inteligencia para favorecer a Maduro.
- Fragilización de la seguridad nacional debido a la falta de garantías de reciprocidad y protocolos rigurosos.