Carlos Hernán Rodríguez, contralor, afirma que corresponde al Gobierno anticipar y asegurar, desde el ámbito administrativo, la implementación de las decisiones de la JEP.
Una vez más, la JEP está bajo la mirada de las autoridades de control del país. En esta ocasión, la Contraloría alerta sobre la falta de recursos financieros para ejecutar las decisiones contenidas en las sentencias destinadas a la reparación de las víctimas.
Frente a esta situación, el organismo de control informa que, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha desembolsado apenas 20.000 millones de los 500.000 millones necesarios.
“El número de víctimas acreditadas ante la JEP supera las 9.200 personas individuales y alrededor de 340.000 integradas en sujetos colectivos. La Contraloría observa que, desde el punto de vista presupuestal, no existen los recursos suficientes para las TOAR y no se vislumbra una financiación sostenible a mediano y largo plazo. Además, no hay claridad sobre la financiación de los proyectos que las entidades han definido para la implementación y ejecución de las sanciones propias”, afirmó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
Por otra parte, desde la Contraloría señalan que existen deficiencias en el sistema de Justicia Transicional, especialmente en la coordinación y articulación entre las diferentes entidades encargadas de ejecutar las sanciones y garantizar su financiamiento.
Este aspecto es crucial, ya que las decisiones emitidas por la JEP son de cumplimiento obligatorio, por lo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de asegurar su ejecución tanto administrativa como financieramente.
El contralor general advierte que la falta de coordinación entre instituciones podría derivar en una aplicación ineficaz de las medidas establecidas.
Esto podría reducir significativamente el efecto positivo de las sanciones y de los procesos de reparación para las víctimas, las comunidades afectadas, así como para los procesos de reincorporación, reintegración y la resolución jurídica de quienes participan en la justicia, comprometiendo su seguridad jurídica.