La Defensoría del Pueblo advirtió que las elevadas deudas de la Nueva EPS y otras aseguradoras están poniendo en jaque a hospitales y clínicas en distintas regiones del país.
La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas por el agravamiento de la crisis hospitalaria en diversas regiones del país, provocada por las abultadas deudas de las EPS, en particular de la Nueva EPS, que concentra más del 22 % de los afiliados en Colombia.
El organismo advirtió que clínicas y hospitales atraviesan serias dificultades financieras debido al incumplimiento de pagos por parte de las aseguradoras, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios de salud. A pesar de la creación de mesas de conciliación y la firma de acuerdos de pago, los compromisos no se han materializado, afectando directamente el pago de salarios, a proveedores y la continuidad de la atención médica.
La situación es especialmente crítica en el Eje Cafetero, donde la Nueva EPS adeuda más de $260.000 millones a hospitales públicos, lo que llevó a declarar la alerta roja hospitalaria en Risaralda y Quindío. En el Chocó, el Hospital San Francisco de Asís registra una sobreocupación del 287 % y un déficit mensual que supera los $5.500 millones. En Sucre, clínicas han anunciado el cierre de servicios a partir del 1 de octubre por falta de recursos, mientras que en Amazonas los giros no cubren los costos operativos. En Cesar, la deuda acumulada supera los $190.000 millones, obligando a varias instituciones a suspender servicios, salvo los de urgencias vitales.
El deterioro del sistema de salud también se evidencia en el incremento de reclamos y acciones de tutela interpuestas por los usuarios. Entre enero de 2024 y agosto de 2025, se registraron más de un millón de tutelas en el sector salud, la mayoría relacionadas con demoras en la realización de procedimientos médicos, entrega de medicamentos y asignación de citas. Solo la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 695.000 quejas por problemas en la entrega de medicamentos durante ese mismo periodo.
La Defensoría del Pueblo también evidenció deficiencias en el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, trastornos neurológicos y de salud mental, señalando el desabastecimiento de al menos 584 medicamentos esenciales.
En síntesis, el incumplimiento en los pagos por parte de las EPS —especialmente la Nueva EPS— no solo pone en riesgo la viabilidad financiera de clínicas y hospitales, sino que vulnera el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.