Julián Quintana, abogado de la familia, señaló que, a su juicio, tanto los directivos como los docentes del colegio serían directamente responsables por no haber garantizado la seguridad de la menor, quien desapareció en las cercanías de la institución el pasado 12 de agosto.
La familia de Valeria Afanador, la niña de diez años con síndrome de Down que fue encontrada sin vida tras estar desaparecida durante 18 días en Cajicá, Cundinamarca, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se imputen cargos contra la rectora y varios docentes del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. La solicitud se basa en un presunto delito de homicidio por omisión grave, al considerar que hubo fallas en el deber de protección hacia la menor.
El abogado de la familia, Julián Quintana, sostuvo que, bajo su criterio, los directivos y profesores del plantel tendrían una responsabilidad directa al no garantizar la seguridad de Valeria, quien desapareció el pasado 12 de agosto en las inmediaciones del colegio.
“Como representantes de la víctima, le hemos recomendado a Manuel, padre de Valeria, que busquemos la verdad, la justicia y la reparación, derechos fundamentales que les asisten como familia”, afirmó Quintana.
El abogado también indicó que la defensa continuará trabajando en dos líneas de investigación: una orientada a establecer la posible negligencia de las autoridades escolares, y otra enfocada en esclarecer si un tercero estuvo involucrado en la desaparición y posterior fallecimiento de la menor. Además, pidió a la Fiscalía realizar pruebas y recaudos probatorios a los funcionarios del colegio, con el objetivo de obtener elementos que permitan vincularlos formalmente al proceso penal.
El abogado también informó que propondrá a la familia iniciar una acción civil contra el colegio, con el fin de reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. “La recomendación es considerar una demanda civil por los daños causados a raíz de la conducta omisiva del plantel. No obstante, esta decisión dependerá enteramente de lo que la familia decida”, puntualizó Quintana.
Un caso que sacudió a Cundinamarca
El cuerpo de Valeria fue encontrado la semana pasada en una zona cercana al río Frío, en inmediaciones del colegio donde cursaba sus estudios. Durante 18 días, su búsqueda movilizó a las autoridades y mantuvo en vilo a la comunidad local y al país entero.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó dudas sobre la posibilidad de que el cuerpo hubiese estado en ese lugar desde el primer día de la desaparición, señalando que la zona fue inspeccionada en varias ocasiones sin resultados. “Es improbable que el cuerpo haya permanecido allí todo este tiempo”, afirmó.
“Este doloroso hecho que hoy nos enluta no quedará en la impunidad. Envío mi solidaridad y sentidas condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, expresó el mandatario departamental.
Durante las primeras etapas de la investigación, las autoridades recopilaron más de 20 terabytes de grabaciones de cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir los últimos desplazamientos de Valeria. Ante la sospecha de un posible secuestro, la Interpol emitió una circular amarilla para facilitar su búsqueda a nivel internacional.
La desaparición de la menor generó una fuerte reacción en Cajicá, donde familiares, amigos y ciudadanos salieron a las calles en marchas pacíficas, exigiendo a la Fiscalía y a la Policía una respuesta rápida y efectiva.
Hoy, la familia mantiene la esperanza de que las nuevas acciones jurídicas permitan esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede impune. “Nos invade el dolor, pero también la determinación: no dejaremos que este crimen quede sin justicia”, afirmó Quintana.