Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la UNGRD, reveló una red de corrupción en la que estarían implicados Olmedo López, Alethia Arango y el precandidato Camilo Romero.
Hasta hace poco, el nombre de Pedro Rodríguez era prácticamente desconocido para la opinión pública. Sin embargo, al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desempeñó un rol clave como asesor jurídico y mano derecha de Olmedo López, exdirector de la entidad, en medio del escándalo por presuntos pagos de coimas con recursos destinados a comunidades vulnerables.
Desde prisión, Rodríguez tomó la decisión de colaborar con las autoridades y entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración en la que detalla un entramado de contratos direccionados, sobrecostos y favorecimientos que involucran a altos exfuncionarios y figuras políticas, según reveló Noticias Caracol.
Uno de los episodios más graves señalados por Rodríguez está relacionado con la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la tragedia de 2017. Asegura que Olmedo López y Alethia Arango —quien llegó a la UNGRD luego de ocupar cargos en la Alcaldía de Medellín— habrían alterado convenios interadministrativos para adjudicar de manera directa contratos millonarios. Entre ellos, destaca la entrega del proyecto de casi mil viviendas en el predio Sauces 2 al contratista Ramón España Gutiérrez, un arquitecto cuestionado por su falta de experiencia e idoneidad.
Según reveló Noticias Caracol, Ramón España realizó múltiples visitas a la sede de la UNGRD en Bogotá y asistió a reuniones en Mocoa, en compañía de figuras políticas asociadas al departamento de Antioquia. De acuerdo con la matriz de colaboración entregada por Pedro Rodríguez, su elección como contratista fue aprobada directamente por Olmedo López y respaldada jurídicamente por Alethia Arango.
Las revelaciones de Pedro Rodríguez van más allá de la UNGRD. En su testimonio ante la Fiscalía, también menciona al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Según Rodríguez, durante la gestión de Romero se habría direccionado un contrato relacionado con licores para beneficiar a empresarios locales, entre ellos Richard Portilla, quien supuestamente financió y brindó apoyo logístico a su campaña en 2015. Además, afirma que Romero habría designado a su primo, Andrés Arango Romero, como intermediario para facilitar dichos acuerdos.
Rodríguez, condenado en mayo por los delitos de falsedad en documento público y concierto para delinquir, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En el marco de este acuerdo, pidió perdón y se comprometió a entregar información detallada sobre el funcionamiento del entramado de corrupción tanto en la UNGRD como en la Gobernación de Nariño.
Camilo Romero ha rechazado tajantemente las acusaciones en su contra. Asegura que se trata de una persecución política y destaca que, según un audio en poder de su defensa, el propio Pedro Rodríguez admitió que nunca recibió instrucciones ilegales por parte del exgobernador. “Podrán intentar presentar a Rodríguez como testigo en mi contra, pero no existe ni una sola prueba”, sostuvo Romero.
El próximo 25 de septiembre, un juez deberá decidir si aprueba el principio de oportunidad solicitado por Pedro Rodríguez, una resolución que podría dar un giro significativo al escándalo que rodea a la UNGRD.