La precandidata presidencial criticó la propuesta del Gobierno Petro, señalándola como un “robo” para los colombianos.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que presentará una demanda contra el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados a través de billeteras electrónicas y pasarelas digitales como Bancolombia a la Mano, Nequi o Daviplata. Según la congresista, esta medida “atenta contra la libertad económica y golpea a los sectores más vulnerables del país”.
En un video publicado en sus redes sociales, Cabal cuestionó con dureza la iniciativa:
“Gustavo Petro vuelve a querer robar a los colombianos con un decreto que grava las transacciones digitales. ¿No se supone que el objetivo es formalizar al informal y bancarizar al no bancarizado? ¿Quién no usa Nequi o estas plataformas tecnológicas desde su celular? En lugar de facilitar, quieren quitarle la platica a la gente. Así es como este gobierno comunista sigue dejando más pobres a los pobres”, afirmó.
La senadora, que busca llegar a la Presidencia en 2026, también advirtió que la propuesta contradice el discurso oficial sobre inclusión financiera y alertó que el cobro podría empujar a muchos ciudadanos nuevamente a la informalidad, al desincentivar el uso de medios de pago digitales que hoy son gratuitos.
El proyecto de decreto, que aún se encuentra en revisión, propone que los pagos efectuados a través de medios digitales estén sujetos a retención en la fuente por concepto de IVA, tal como sucede actualmente con las operaciones realizadas mediante tarjetas bancarias. Con ello, el Gobierno busca unificar las reglas aplicables a todas las plataformas de pago.
No obstante, diversos economistas y exfuncionarios manifestaron su inquietud frente a la medida. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que “aplicar una retención del 1,5 % sobre las transacciones digitales, equivalente al 15 por mil, contraría los esfuerzos de inclusión financiera y formalización de la economía”. A su juicio, esta política aumentaría los costos de las operaciones electrónicas y reduciría el incentivo para utilizar canales digitales.