El jefe negociador del Gobierno Petro con las disidencias calificó el ataque como un acto de “inhumanidad” y exigió un pronunciamiento por parte de ese grupo armado.
Un violento ataque contra dos miembros del Ejército Nacional ha generado conmoción en el país en las últimas horas. El hecho ocurrió en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón (Putumayo), donde un subteniente y un soldado fueron rociados con gasolina y posteriormente incendiados por un grupo de civiles, presuntamente instigados por los Comandos de Frontera, una facción de las disidencias de las FARC que controla actividades ilegales en la región, según información de inteligencia militar.
Las víctimas, identificadas como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz, participaban en una operación para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína cuando fueron rodeados por unas quince personas. El subteniente sufrió quemaduras en el 75 % de su cuerpo y el soldado en el 30 %, lo que obligó a su evacuación inmediata a un centro médico en Florencia, Caquetá, y luego a su traslado al Hospital Militar en Bogotá para recibir atención especializada.
El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, se pronunció sobre el ataque ocurrido en Putumayo. “Nuestros hombres estaban ejecutando una operación contra el narcotráfico cuando fueron sorprendidos por civiles manipulados por estructuras armadas. Dos de ellos, identificados como criminales, rociaron con gasolina a un subteniente y a un soldado, y luego les prendieron fuego”, señaló.
Responsables plenamente identificados
El general Yor William Cotua confirmó que ya se cuenta con fotografías de los autores materiales del ataque contra los militares en Putumayo. Estas imágenes han sido entregadas a la Fiscalía General de la Nación como parte de las pruebas del caso.
“Tenemos las imágenes de las dos personas que cometieron este acto criminal y estamos avanzando en su plena identificación. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía”, aseguró el oficial.
Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los agresores. El ministro fue enfático al afirmar que no se trató de una manifestación campesina, sino de una acción violenta protagonizada por estructuras vinculadas al narcotráfico.
“A los militares les arrojaron gasolina y les prendieron fuego para impedir un procedimiento legal. No fueron comunidades reclamando derechos, sino grupos criminales”, subrayó.
Diálogos de paz en riesgo por ataque a militares
El ataque también impactó directamente el proceso de paz que el Gobierno mantiene con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo al que pertenecen los Comandos de Frontera. La delegación oficial del Ejecutivo rechazó de forma contundente el acto violento y advirtió que, si no hay una condena clara por parte de la organización armada, la mesa de negociación podría ser suspendida.
“Guardar silencio ante estos hechos atroces pone en serio riesgo los avances logrados hasta ahora en el proceso de paz”, señaló la delegación gubernamental, subrayando además que el ataque constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.
Alias ‘Popeye’, cabecilla detrás del negocio del narcotráfico en Putumayo
Durante la entrevista, el general Yor William Cotua indicó que los laboratorios de cocaína en Putumayo son instalados por civiles que actúan bajo la presión de grupos armados ilegales. Señaló que la facción conocida como Comandos de Frontera está liderada por alias ‘Popeye’, jefe de la estructura 48, que opera con una fuerza estimada de unos 600 hombres armados.
“El ingreso de la población civil para proteger los laboratorios responde a una instigación directa a delinquir. No obstante, quienes realmente se benefician de estas economías ilegales son los grupos armados organizados”, enfatizó el alto oficial.
Estado de salud de los militares heridos
Aunque el ataque fue de extrema gravedad, los dos militares afectados se encuentran fuera de peligro. “Gracias a Dios, tanto el teniente Mejía como el soldado Díaz están en proceso de recuperación. Fueron atendidos inicialmente en Florencia y esperamos su pronto traslado a Bogotá, donde recibirán atención especializada en la unidad de quemados del Hospital Militar”, informó el general Cotua.
Durante la emergencia, los demás soldados de la operación actuaron con rapidez: se enfocaron en apagar las llamas y evacuar a sus compañeros heridos, mientras los agresores huían del lugar.
“Nuestros hombres reaccionaron de inmediato, protegieron a los heridos y lograron salvarles la vida”, añadió el comandante.
Gobierno exige rechazo público al ataque en Putumayo o se levantará de la mesa de paz
El jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con las disidencias de las FARC, Armando Novoa, advirtió que la continuidad del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) está en riesgo, tras el ataque contra dos militares en Putumayo.
En entrevista con Blu Radio, Novoa fue claro: “Si no hay un pronunciamiento claro por parte de ese grupo, nos retiraremos de inmediato de la mesa y consultaremos la decisión con el Alto Comisionado para la Paz y con el presidente de la República”.
El negociador también expresó una condena categórica al ataque: “Rechazamos de forma tajante esta acción criminal. Toda nuestra solidaridad está con los dos integrantes de la Fuerza Pública heridos, sus familias y la institución militar”.
Novoa informó que ya sostuvo un encuentro en Pasto con una subcomisión de la CNEB, a la que se le exigió una respuesta inmediata y pública sobre lo ocurrido. Según explicó, negar su participación no es suficiente: “Sea cual sea el caso, se trata de un acto grave de inhumanidad que debe ser rechazado sin ambigüedades”, enfatizó.
El Gobierno no acepta respuestas vagas
Aunque las disidencias han negado verbalmente su participación en el ataque, el Ejecutivo considera que esa explicación no es suficiente. “Esperamos una declaración pública y firme de rechazo. Si no se produce, nos retiraremos de la mesa de negociación”, advirtió Novoa.
El funcionario respaldó la postura del ministro de Defensa, coincidiendo en que los responsables no son campesinos, sino criminales vinculados al narcotráfico. “Nuestro comunicado coincide completamente con lo expresado por el ministro. Estamos en total acuerdo”, afirmó.
Avances en la mesa de paz en peligro
El Gobierno advirtió que los progresos logrados hasta ahora podrían desmoronarse si las disidencias no emiten una condena clara al ataque. Entre los temas clave en negociación se encuentran la destrucción de 14 toneladas de material bélico, la erradicación de 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, y la reubicación de las estructuras en una zona temporal de transición para la dejación de armas.
“Este acto va en contra de todo el esfuerzo realizado durante el último año. No podemos seguir avanzando sin una postura clara y un distanciamiento explícito de estas conductas”, enfatizó Novoa.
Justicia sin impunidad para crímenes de lesa humanidad
El jefe de la delegación aclaró que, aunque las disidencias rechacen el ataque, esto no significa que sus responsables quedarán impunes. “De ninguna manera. Junto con el rechazo a estos hechos, exigimos que las autoridades judiciales inicien las investigaciones correspondientes. Lo que defendemos con el proyecto de ley de justicia es que los crímenes de lesa humanidad no queden sin castigo”.
Respecto a posibles objeciones de las disidencias a responder ante la justicia, Novoa fue enfático: “Esa es la propuesta del Gobierno: desmovilizarse también implica asumir responsabilidad por atrocidades como esta”.
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