En el escrito de acusación se detalla que, el día anterior, surgió una contingencia al no poder contactar al menor encargado de cometer el homicidio, por lo que Arteaga solicitó localizar al adolescente de 15 años.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de conocimiento el escrito de acusación que formaliza el llamado a juicio de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, y William Fernando González, alias ‘El Hermano’, señalados como presuntos responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Según el escrito, la Fiscalía documentó la existencia de una organización criminal activa desde 2022, integrada por al menos diez personas con presencia en Bogotá y otras ciudades del país. La investigación señala que esta estructura se dedicaba a homicidios selectivos tipo sicariato, tráfico de armas y reclutamiento de menores de edad para sus operaciones.
La acusación detalla que el plan para el magnicidio incluía la participación de un menor de edad, seleccionado deliberadamente por los cabecillas del grupo para minimizar las sanciones en caso de ser capturado. Según el documento judicial, Arteaga Hernández y González Cruz definieron que el ejecutor debía tener entre 14 y 15 años.
El 6 de junio de 2025, durante la planeación del atentado, se presentó una contingencia porque alias “El Costeño” no podía contactar al menor encargado de cometer el homicidio. Ante esto, Elder José Arteaga se comunicó con Jhorman David Mora, reclutador de menores de la organización, y le indicó que necesitaba otro menor para ejecutar el crimen. Jhorman contactó entonces a JSRC, informándole que debía realizar un “trabajo” para Las Firmas, que debía estar listo al día siguiente y que debía vestirse de manera discreta para no llamar la atención.
El día del atentado, Jhorman Mora coordinó el traslado del menor a través de una plataforma de transporte. Una vez que alias “Tianz” llegó al parque El Golfito, se comunicó con Jhorman David para que se realizara el pago del servicio, que fue efectuado por una usuaria registrada como Gabriela.
Posteriormente, alias “Chipi” realizó una videollamada en la que participaron el reclutador, Harol Barragán y el menor, para coordinar detalles del atentado, incluyendo la preparación del arma para hacerla más letal.
Según la Fiscalía, el homicidio fue ordenado por Simeón Pérez Marroquín, quien recibió el encargo de ejecutar la acción contra el congresista y precandidato presidencial. Para coordinar el atentado, se utilizó un grupo de WhatsApp denominado “plata o plomo”. Desde este grupo, se asignaron responsabilidades a Elder José Arteaga Hernández, William Fernando Cruz González y Harold Daniel Barragán Ovalle, quienes organizaron la logística del crimen.
La Fiscalía también señala el rol de los demás implicados: Katerine Andrea Martínez Martínez debía proporcionar el arma con la que se cometería el atentado, mientras que el menor ejecutor dispararía contra el senador a cambio de 20 millones de pesos. Por su parte, William Fernando González Cruz tendría la función de campanero, permaneciendo en el lugar y momento del hecho para supervisar.
A las 5:20 p.m., mientras el senador Miguel Uribe Turbay ofrecía un discurso frente a la multitud, el menor se acercó por la espalda y disparó a la altura de la cabeza del político.
Tras el ataque, el menor intentó huir pero fue capturado a pocas cuadras. Según la acusación, Cristian Camilo Ardila González, aunque llegó al lugar como estaba pactado, no pudo escapar. Carlos Eduardo Mora se retiró siguiendo instrucciones de José Arteaga. Mientras tanto, alias “El Costeño” y Katerine Martínez caminaron hacia la avenida Cali, frente al almacén Jumbo, donde William González Cruz los recogió para evitar ser localizados mediante rastreo de celulares. Posteriormente, todos se dirigieron a un bar en el barrio Santa Fe para ocultarse.
Los dos procesados, que se encuentran privados de la libertad en las cárceles de máxima seguridad de La Dorada (Caldas) y Girón (Santander), deberán responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, utilización de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
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