A raíz de estos hechos, la Fiscalía le imputó al alcalde los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigo.
La Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en la firma de dos contratos que superarían los 78 millones de pesos. Según el ente acusador, estos habrían sido utilizados para vincular a la persona que interpuso una demanda de nulidad contra su elección, con el objetivo de persuadirla de retirar la acción legal. En el caso también fueron vinculadas dos exfuncionarias de la administración municipal.
La investigación reveló que, en febrero de 2024, se suscribió un primer contrato por 19,8 millones de pesos que no llegó a ejecutarse. Posteriormente, a través de la empresa pública Ecovivienda, se firmó un segundo contrato por 54,2 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, los trámites contractuales iniciaron luego de la presentación de la demanda de nulidad y culminaron con el desistimiento de dicha acción judicial.
Por estos hechos, fueron imputados el alcalde Mikhail Krasnov, la entonces directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la celebración de estos contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, el material probatorio sugiere que Mikhail Krasnov habría presionado y amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que firmara el contrato en cuestión y emitiera un documento que lo desvinculara de cualquier responsabilidad frente a las presuntas irregularidades.
A raíz de estos hechos, el alcalde fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigo. En cuanto a las exfuncionarias, Sara Catalina Pedraza fue señalada como cómplice, mientras que Luz Mila Acevedo Galán fue imputada como coautora del delito de interés indebido en la contratación.
Tanto el alcalde de Tunja como las dos exfuncionarias continuarán en libertad mientras avanza el proceso judicial, ya que el juez determinó medidas que no implican detención.
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