En uno de los casos, un comerciante logró pagar aproximadamente 25 millones de pesos, pero luego los delincuentes irrumpieron en su negocio y lo obligaron a entregar las ganancias del día.
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras reunir suficiente evidencia, un juez de control de garantías ordenó la prisión preventiva de 18 hombres y 3 mujeres presuntamente integrantes del grupo delincuencial ‘La Veracruz’. Este grupo estaría dedicado a extorsionar a comerciantes, vendedores ambulantes, dueños de hoteles, transportadores, miembros de la comunidad LGTBIQ+ y trabajadoras sexuales en la zona de La Candelaria, en Medellín.
Las investigaciones, que se prolongaron por varios meses, también revelaron que estas personas estarían involucradas en la venta al por menor de estupefacientes, además de las extorsiones mencionadas, afectando a quienes trabajan en áreas como Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.
Durante las audiencias, el fiscal encargado destacó la relevancia de esta medida de aseguramiento, debido al impacto que tiene la organización ‘La Veracruz’ en la principal zona comercial de Medellín.
“Han transformado el espacio público en un territorio dominado por el miedo, donde trabajadores informales, vendedores ambulantes y conductores de transporte no formal han vivido bajo un régimen de terror y violencia que se ha prolongado desde aproximadamente 2015”, señaló.
De acuerdo con las autoridades, en Medellín el cabecilla de esta organización criminal es Fred Alexander Molina Álvarez, quien se encargaba de identificar a las víctimas a las que posteriormente se les exigían las extorsiones.
Además, Molina dirigía a varios coordinadores de zona, entre ellos, alias ‘Barbado’, ‘Tatuado’, ‘Monito’, ‘Ossa’, ‘Ramiro’ y ‘Zarco’.
Una de las prácticas criminales que más llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación fue la forma en que se exigían los pagos a las trabajadoras sexuales, mediante presiones físicas para que entregaran el dinero.
“Se les obliga a realizar pagos semanales que van desde 10.000 hasta 100.000 pesos, bajo la amenaza directa de ser agredidas físicamente, apuñaladas o expulsadas de sus lugares de trabajo”, afirmó el fiscal.
Las autoridades también revelaron que en uno de los casos, un comerciante pagó cerca de 25 millones de pesos, pero meses después los delincuentes ingresaron a su local y lo forzaron a entregar las ganancias del día, además de otros objetos de valor.
Por estos hechos, a las 21 personas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado, todos ellos con circunstancias agravantes.