Tras ser absuelto de todos los cargos, el expresidente vuelve al centro del debate público, luego de haber estado al borde de perder su poder.
Entre 2002 y 2010, era común escuchar en los hogares colombianos que el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, tenía el llamado “efecto teflón”: ningún escándalo por corrupción o abuso de poder parecía afectarlo, y su popularidad se mantenía intacta.
Aunque dejó la Presidencia hace ya 15 años, Álvaro Uribe decidió no apartarse del escenario público y ha conseguido seguir siendo una figura clave en cada contienda electoral. Por eso, cuando el pasado 1° de agosto fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos, muchos en Colombia creyeron que su retirada definitiva era inminente.
Sin embargo, el fallo de segunda instancia conocido este martes —que lo absuelve de todos los cargos— ha reactivado su proyecto político. Para algunos, esta decisión confirma que la justicia rara vez alcanza a los poderosos. Para otros, representa el triunfo merecido de un político al que han intentado, sin éxito, marginar de la vida pública. En algo coinciden ambos bandos: Uribe parece tener mil vidas.
La periodista y candidata de derecha Vicky Dávila fue una de las primeras en celebrar el fallo. Horas después, publicó en sus redes sociales una ranchera popularizada por Vicente Fernández que simboliza la resistencia y la autoridad: El Rey, con su emblemático estribillo: “pero sigo siendo el Rey”.
La primera vez que una decisión judicial logró poner freno al inmenso poder del expresidente Álvaro Uribe fue en 2009, cuando la Corte Constitucional le cerró la puerta a una segunda reelección. Para entonces, Uribe ya había conseguido modificar la ley para aspirar a un segundo mandato en 2006, convirtiéndose en el primer presidente en más de un siglo en gobernar dos periodos consecutivos. Su influencia era tan grande que, ese mismo año, promovió la creación de una poderosa bancada legislativa a través de un nuevo partido político: el Partido de la U. Oficialmente, la “U” significaba “Unidad”, pero pocos dudaban de que la verdadera referencia era a Uribe.
Aquel freno judicial no significó, sin embargo, una derrota política para Uribe. En 2010 logró llevar a la Presidencia a Juan Manuel Santos, uno de los fundadores del Partido de la U y exministro de Defensa de su gobierno. La victoria de Santos fue leída por muchos como una extensión del poder de Uribe. Pero ese triunfo pronto se convirtió en su segundo gran revés: Santos marcó distancia, incorporó a críticos de Uribe en su gabinete, y tomó un rumbo propio que incluyó la apertura de diálogos de paz con las FARC, el grupo guerrillero que Uribe había golpeado militarmente durante su mandato. Para completar la ruptura, Santos se quedó con gran parte del Partido de la U, que terminó respaldando su iniciativa de paz.
Pero Uribe no se replegó; decidió dar la pelea. En 2014, estuvo a punto de derrotar a un Juan Manuel Santos que buscaba la reelección con el respaldo de la mayoría de los partidos tradicionales. Uribe apoyó entonces al exministro y candidato Óscar Iván Zuluaga, y, con un nuevo partido creado a su medida —el Centro Democrático—, casi igualó la votación de su antigua colectividad. Él mismo encabezó la lista al Senado, consolidándose como el líder de una oposición de derecha con fuerza: su partido obtuvo la segunda bancada más numerosa del Congreso.
La gran victoria política de Uribe llegó en 2016, cuando lideró la campaña por el “No” en el plebiscito convocado por el gobierno de Santos para refrendar los acuerdos de paz con las FARC, firmados en La Habana. Contra todos los pronósticos y para sorpresa de muchos, el “No” se impuso sobre el “Sí”, respaldado por el Ejecutivo. El regreso de Uribe al centro del poder político fue tan evidente que Santos lo invitó a la Casa de Nariño para discutir posibles ajustes al acuerdo, con el objetivo de hacerlo más aceptable para el uribismo.
Esa puerta, sin embargo, nunca se abrió. Santos optó por refrendar el acuerdo de paz a través del Congreso, con la férrea oposición del Centro Democrático y sin el respaldo de Uribe. Aunque el expresidente no logró bloquear el pacto, logró algo igual de significativo: regresar al poder, una vez más, a través de un tercero. En 2018 fue elegido su candidato, Iván Duque, un político sin trayectoria propia y, a diferencia de Santos, leal a su mentor hasta el final.
Durante todos esos años, las investigaciones judiciales que salpicaban a sus colaboradores más cercanos parecían no afectar al aparentemente invulnerable Uribe. Tres altos funcionarios de su gobierno fueron condenados por el escándalo de la Yidispolítica, una red de compra de votos en el Congreso para aprobar su reelección. Dos exdirectores del DAS —la desaparecida agencia de inteligencia— fueron sentenciados por interceptar ilegalmente comunicaciones de magistrados y opositores políticos. Además, varios de los militares más destacados durante su administración enfrentan procesos ante la justicia transicional por los llamados “falsos positivos”: asesinatos de civiles presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate.
Uribe ha defendido públicamente a algunos de sus exfuncionarios, en otros casos ha negado conocer los delitos cometidos. Mientras tanto, las acusaciones directas en su contra como presidente no han prosperado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un organismo tan ineficaz que muchos lo llaman, con sorna, la “comisión de absoluciones”.
El proceso por manipulación de testigos que la Corte Suprema de Justicia abrió contra Uribe en 2018 parecía ser la excepción a la regla. Como los hechos ocurrieron mientras él ocupaba una curul en el Senado y no la Presidencia, los magistrados tenían competencia para investigarlo. La Corte reunió pruebas suficientes para que dos jueces rechazaran la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía de Francisco Barbosa, cercana al uribismo. Por un momento, todo indicaba que la jueza Sandra Heredia quedaría en la historia como la responsable de haber enviado a prisión domiciliaria al hombre más poderoso de la política colombiana en lo que va del siglo XXI.
Pero Uribe, como tantas veces antes, vuelve a renacer políticamente. Con su reciente absolución, su nombre vuelve a tener peso y servirá para movilizar votos en la lista al Senado del Centro Democrático en las elecciones de marzo. Los precandidatos presidenciales de la derecha —tanto dentro como fuera de su partido— saben bien que, si en el pasado el respaldo de Uribe era valioso, ahora se ha vuelto prácticamente indispensable.