Cepeda reafirmó el derecho de las víctimas a acudir a cualquier instancia en busca de justicia, enfatizando que esta postura no implica desconfianza, menosprecio ni un ataque hacia la justicia nacional.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el largo proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, anunció que su bancada presentará un recurso de casación tras la absolución dictada por el Tribunal Superior de Bogotá. Cepeda calificó esta decisión como un paso que “consolida la impunidad”.
La sentencia del Tribunal, emitida después de 13 años de proceso, fue tomada con un voto dividido, lo que, según Cepeda, afecta los derechos de las víctimas. El congresista expresó su preocupación porque la mayoría no consideró pruebas clave, dejando de lado evidencias sustanciales, entre ellas las interceptaciones realizadas al propio Uribe, las cuales, según él, fueron distorsionadas o malinterpretadas por la jueza Sandra Heredia al momento de emitir el fallo.
Ante este revés judicial —que el senador comparó con perder el “segundo tiempo” tras haber ganado el primero—, Iván Cepeda confirmó que el próximo paso será interponer un recurso de casación, al que se refirió como el “tercer tiempo” del proceso. Además, no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como el sistema interamericano de derechos humanos, en caso de que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo desfavorable.
Cepeda sostuvo que las víctimas tienen el legítimo derecho de acudir a cualquier instancia en busca de justicia, y subrayó que ejercer ese derecho no debe interpretarse como una muestra de desconfianza, desprecio o ataque a la justicia nacional. Además, recordó que ya ha hecho uso de este recurso anteriormente, al referirse al caso de impunidad que rodeó el asesinato de su padre.
La relación Uribe-Cadena
Uno de los ejes principales de la crítica de Cepeda se centra en cómo se valoraron las pruebas, en especial las que apuntan a la relación entre Álvaro Uribe y el abogado condenado Diego Cadena. Según el senador, la sentencia minimizó el carácter “profundamente turbio” de ese vínculo, que él considera el “corazón del caso”. Cepeda sostiene que, aunque el tribunal discutió si Cadena actuaba realmente como abogado de Uribe y con qué propósito, las pruebas muestran que el expresidente daba órdenes directas y estaba “plenamente informado” de cada movimiento.
El senador expresó con firmeza su convicción de que las actuaciones de Diego Cadena —incluidas el soborno y el fraude procesal— fueron ejecutadas por orden directa de Álvaro Uribe. Según Cepeda, la existencia de pruebas como los “pagos sistemáticos” realizados por Cadena debería llevar, inevitablemente, a cuestionar si hubo o no un soborno. Sin embargo, reconoció que el tribunal no consideró demostrado que Uribe hubiera dado dicha instrucción.
El caso
El senador cuestionó duramente la forma en que fueron valoradas las pruebas en el fallo, señalando que se pasaron por alto elementos clave, como las interceptaciones entre Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena, quien fue condenado hace casi un mes a siete años de prisión domiciliaria. Para Cepeda, este antecedente fue desestimado por los magistrados de manera injustificada.
Asimismo, denunció una “clara tergiversación” por parte del magistrado Merchán en la interpretación de los testimonios y en la representación de las relaciones de Uribe con otros actores del proceso. También criticó la omisión de la responsabilidad penal ya establecida contra Cadena en primera instancia.
Cepeda, quien fue demandado por Álvaro Uribe en 2012 por presunta manipulación de testigos mientras investigaba los supuestos vínculos del exmandatario con el paramilitarismo, recordó que el proceso judicial continúa abierto y reafirmó su intención de seguir defendiendo sus derechos como víctima.
En ese entonces, la Corte Suprema no solo decidió archivar la denuncia contra el senador de izquierda, sino que, al hallar indicios de maniobras indebidas, abrió una investigación contra el propio Uribe por presuntamente manipular testigos con el fin de desvirtuar cualquier conexión con grupos paramilitares.
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