Betancourt afirmó que los beneficios concedidos al antiguo secretariado de las Farc ignoran los testimonios y demandas de las víctimas.
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt anunció que llevará ante instancias internacionales el caso de los secuestros perpetrados por las Farc, tras la emisión de la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exmiembros del último secretariado de esa guerrilla. El tribunal transicional impuso sanciones de ocho años de “restricción efectiva de derechos” por crímenes de guerra y de lesa humanidad, sin incluir penas de prisión.
En una entrevista con Mañanas Blu, Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc durante más de seis años, manifestó su profunda indignación ante el fallo. “Se trató de un entramado diseñado para garantizar la impunidad total a las Farc. Esto es, sin duda, doloroso para las víctimas y sumamente preocupante para Colombia”, afirmó.
Al ser preguntada si consideraba que la decisión la reparaba, respondió de manera clara: “No, los únicos que han sido restaurados son los criminales, es decir, quienes cometieron esos delitos; ellos han sido premiados y restaurados”.
Betancourt señaló que los beneficios concedidos ignoran los testimonios y demandas de las víctimas. “Lo mínimo que debería aplicarse en este caso de secuestro es una restricción de la libertad (…) lo que hemos presenciado en estos años es una retórica que revictimiza y que para nosotros resulta muy dolorosa”, expresó.
¿Qué alternativas tienen las víctimas de las Farc?
La ex congresista explicó que, tras esta sentencia, las víctimas todavía pueden presentar apelaciones tanto ante la JEP como ante la justicia ordinaria, aunque no descartan acudir a instancias internacionales. “Considero que este caso debe llevarse hasta la justicia internacional (…) este proceso fue presentado al mundo como un modelo de no impunidad y reparación para las víctimas, pero ninguno de esos objetivos se ha cumplido”, afirmó.
¿En qué consistió la sentencia de la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró responsables a Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo y Rodrigo Granda por la implementación de la política de secuestros de las FARC entre 1993 y 2016. De acuerdo con los datos del tribunal, durante ese periodo se registraron al menos 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 están formalmente reconocidas en el proceso.
Las sanciones contemplan actividades como la búsqueda de desaparecidos, el desminado y la recuperación ambiental, parcialmente financiadas con fondos públicos, lo que ha aumentado la inconformidad entre las víctimas. “Es un absurdo total (…) las víctimas terminamos costeando acciones que ellos deberían asumir como responsables”, criticó Betancourt.